El Colegio de Administradores de Fincas de Santa Cruz de Tenerife (CAF) ha mostrado su satisfacción por el cambio a la tarifa doméstica -en lugar de industrial- para el consumo de agua en las zonas comunes de edificios residenciales que incorpora la nueva ordenanza del Agua del municipio de Santa Cruz de Tenerife, que entró en vigor el 10 de mayo, impulsada por la concejalía de Servicios Públicos bajo la mano de Carlos Tarife.
Este cambio afecta al contador del agua contra incendios (50 mm), por el que el CAF ha venido luchando durante, al menos, diez años en reuniones, ante los medios de comunicación y en los tribunales, por el elevado coste que suponía para las comunidades.
Ahorro de casi mil euros
Estas modificaciones, recogidos en la nueva Ordenanza reguladora de las tarifas por la prestación de los servicios de suministro, depuración y/o vertido de aguas negras, residuales y pluviales y alcantarillado de Santa Cruz de Tenerife, afectan a la cuota de servicio y tarifa por consumo, al contador de agua contra incendio y la utilizada en zonas comunes (piscina, limpieza y jardines).
De esta manera, la Comisión de Calidad de Agua y Servicios del CAF calcula que el cambio de tarifa supondrá un ahorro de más de 900 euros al año para las comunidades con contador de incendios de 50 mm, al aceptarse que las comunidades son consumidores finales.
Gasto imprevisto
“Desde hace años, cuando nos empezaron a facturar los contadores contra incendios, es cuando detectamos en las comunidades de propietarios un gasto que no estaba previsto, de casi de 1,700 euros al año, por una cuota por la que no se hacía nada”, expone Juan Setién, vocal de la Junta de Gobierno del CAF y miembro de fincas de la Comisión de Calidad de Agua y Servicios del Colegio.
“Vimos que la tarifa la estaban aplicando a las comunidades y no procedía porque la comunidad no es una entidad mercantil, no tiene ánimo de lucro y nos estaban aplicando la tarifa industrial”, contextualiza.
Jurisprudencia
Asimismo, añade que “existe jurisprudencia nacional y por el Tribunal Económico Europeo de que las comunidades son consumidores finales y no se les puede penalizar con tarifa distinta que no sean la de consumidores.
“Esto ha sido una batalla legal”, asegura Setién, que recuerda cómo surgió la oportunidad para cambiar la injusticia de los contadores: “Cuando se hizo la nueva Ordenanza Municipal, el ayuntamiento sacó para el procedimiento a opinión pública para poner alegaciones. Desde el colegio vimos la oportunidad de que se podía hacer esta modificación de una manera tranquila y presentamos alegaciones, así como muchos clientes. Al final, determinados partidos políticos son más sensibles con esto”.
"Más vale tarde que nunca"
En este sentido, explica que llevan con reuniones de trabajo con los distintos grupos de gobierno desde 2015 y sentían había sido un “mensaje no recibido” y valora que al final una corporación decidió escucharlos, aunque con un mensaje claro: “Han decidido cambiar la tarifa en el último momento, pero bueno, más vale tarde que nunca”.
No obstante, el representante del CAF comparte que aún les quedan más cosas por reclamar porque esta facturación es errónea. “No solamente recuperar lo que hemos pagado de más”, aclara. “Ahora nos queda pendiente la sentencia del Tribunal Supremo y, luego, hay una facturación importante que está reclamando la empresa Emmasa Sacyrl a nuestros clientes, que son nuestras comunidades de propietarios, por cuotas impagadas y que en todos los casos son cantidades importantes de unos 1.700 euros por comunidad”, agrega explicando que determinadas comunidades no abonaban la tarifa industrial.