El consejero regional de Transición Ecológica y Energía, Mariano Hernández Zapata, elevará el lunes al Consejo de Gobierno la propuesta para la modificación de la Ley del Sector Eléctrico Canario.
Un planteamiento cuyo objetivo, ha avanzado este sábado en un comunicado, es dotar al Gobierno canario de plazos más amplios, con el fin de ser más eficaces a la hora de poder sancionar en tiempo y forma a las empresas eléctricas que incumplan, que han sido las responsables de situaciones como la sufrida el pasado mes de julio en la isla de La Gomera, con un apagón general.
Dicha medida, "es una apuesta decidida más, por parte de este Gobierno, para ser contundentes con aquellas empresas que no cumplan, y que servirá para dar una respuesta más efectiva a los usuarios afectados".
Aportar soluciones reales
Un trámite que, según ha destacado, se ha realizado, "entre otros muchos", apenas habiéndose cumplido los cien primeros días de gestión, "en los que adquirimos el compromiso de aportar soluciones reales ante la situación de emergencia energética que actualmente padece Canarias".
"Esta medida se plantea tras detectar que existen ciertas complicaciones para llevar a cabo el procedimiento sancionador actual, ya que los plazos han demostrado ser, en muchas ocasiones, insuficientes para completar todo el proceso burocrático", explica Zapata.
La ley actual regula el procedimiento sancionador en su artículo 21, que remite a la Ley de Procedimiento Administrativo Común del Estado, que establece un plazo máximo de tres meses para resolver el expediente sancionador, es decir, para imponer la sanción.
Dado que la Ley Estatal del Sector Eléctrico cuenta con plazos más extensos (hasta dieciocho meses), en comparación con el Procedimiento Administrativo Común (sólo tres meses), se plantea la modificación mediante decreto ley del artículo 21 de la Ley del Sector Eléctrico Canario, para que el Gobierno canario pueda contar con plazos más amplios para sancionar a las empresas del sector eléctrico.
El decreto ley contará con un único artículo que modificará los artículos 19 y 21 y suprimirá los artículos 20 y 22. A juicio del consejero, es una modificación que dará más seguridad jurídica al procedimiento sancionador, dado que unifica en la Ley del Sector Público del Estado, las infracciones, las sanciones y el procedimiento sancionador.
Medidas para paliar la emergencia
La Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias ha llevado ya a término una serie de medidas que, en su opinión, "están demostrando ser decisiones efectivas, ágiles y reales", teniendo presente también que se "están haciendo de la mano de la administración, con ayuntamientos, cabildos y empresas para dar soluciones que aporten".
Entre esas medidas, se encuentra la Declaración de Emergencia Energética, aprobada el pasado lunes 2 de octubre en el Consejo de Gobierno y posteriormente con mayoría en el Parlamento, mediante la cual se permitirá marcar los ejes en torno a los que girarán las acciones concretas que deben seguirse a corto, medio y largo plazo, en cuestiones como generación, renovación de infraestructuras, interconexiones o almacenamiento de la energía obtenida a través de fuentes renovables.
En esta línea, se ha realizado una convocatoria para presentar propuestas para la instalación de potencia de generación adicional para cubrir las deficiencias eléctricas en Canarias, con un total de 15 empresas interesadas, y cuyas ofertas ya se están estudiando.