La decisión de cambiar la adjudicación de la obra para cerrar el anillo insular de Tenerife, adoptada por la Consejería de Obras Públicas el 18 de octubre de 2019 —apenas tres meses después del relevo que tuvo lugar en el Ejecutivo autonómico tras las elecciones de mayo de ese año—, puede costar muy cara al Gobierno de Canarias. Un fallo de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) abre la posibilidad de que la administración pública tenga que abonar una indemnización millonaria a la UTE liderada por OHL —que presentó la oferta mejor valorada por la Mesa de Contratación— después de que le retirara la concesión en favor de FCC.
Esa resolución se tomó en base a un informe que firmó una funcionaria de paso breve por Obras Públicas: llegó procedente del Servicio Canario de la Salud (SCS) —donde había coincidido con Conrado Domínguez, elegido por el socialista Sebastián Franquis, tras las elecciones del 26 de mayo de 2019, para ocupar la secretaría general técnica de la consejería y que ahora figura como investigado en el caso Mascarillas—, dio fe de la memoria clave para permutar la concesión del proyecto —el 24 de septiembre de ese mismo año— y pocos meses después regresó a la sanidad pública de las Islas —el 16 de diciembre de 2020 ya figura en un expediente del SCS—. Fugaz, pero trascendental.
Mesa de Contratación
El informe de la jefa de sección adscrita al Área Jurídica Económica de Obras Públicos fue clave para que el Gobierno de Canarias tumbara la adjudicación a OHL, una concesión que fue resuelta por la Mesa de Contratación designada por la propia consejería y que luego dio su visto bueno a un informe técnico que descartó una baja temeraria en la oferta económica presentada por las empresas ganadoras del concurso. En base a esas dos resoluciones, Pablo Rodríguez (Coalición Canaria) firmó el 4 de julio de 2019 —cuando ejercía de consejero eventual tras las elecciones— el encargo de la obra.
El relevo en el Gobierno de Canarias, consumado el 12 de julio con la investidura de Ángel Víctor Torres (PSOE) —tras recibir el apoyo en el Parlamento regional de Nueva Canarias, Podemos y Agrupación Socialista Gomera (ASG)—, propició que OHL fuera descabalgado del proyecto. El expediente, al que ha tenido acceso este periódico, apunta que en la oferta de la UTE ganadora no se justifica la viabilidad del ajuste de plantilla —por un importe de 5,5 millones de euros— que establecen la normativa y el Convenio Colectivo del sector de la Construcción en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.
Costes laborales
La técnica argumenta su dictamen alrededor de cinco puntos: primero: "no se explica duáles son los conceptos que forman parte del salario que se refleja en la oferta presentada"; segundo: "al distribuirse la jornada en varios turnos incluyendo un turno en horario de 22 a 6 horas, le corresponde el abono a los trabajadores del plus nocturno según artículo 60 del convenio colectivo, y no se recoge en la propuesta"; tercero: para justificar el coste laboral la adjudicataria debería haber presentado la siguiente documentacion: los TC-2, las nóminas, los cuadrantes de trabajo y un calendario vacacional"; cuarto: "la entidad mercantil UTE OHL manifiesta claramente que los trabajadores son indefinidos, sin embargo no hace referencia a su antigüedad como tampoco existe una planificación, ni un calendario de vacaciones"; y quinto: "a pesar de la envergadura de la obra y la distribución de la jornada en diferentes turnos de trabajo para prestar servicios durante las 24 horas, no hay referencia, ni previsión de realización de horas extraordinarias".
Fallo del TSJC
El Tribunal de Contratos, dependiente de la consejería de Hacienda —bajo control entonces de Nueva Canarias— asumió ese informe y decidió retirar la concesión de la obra a OHL y resolver a favor de FCC el 18 de octubre de 2019. La sentencia del TSJC, sin embargo, afea la gestión de Franquis en esta materia al frente de Obras Públicas. El dictamen recalca que "el informe de la Jefa del Área Jurídico Económica de septiembre de 2020 (...) concluyó que los costes laborales totales justificados por UTE OHL (14.277.522 €), eran superiores al mínimo según Convenio (12.276.789,11 €), teniendo en cuenta en sus cálculos el salario base, pluses, paga extra prorrateada, seguridad social, vacaciones e indemnización por fin de contrato en costes directos por trabajadores temporales del túnel".
"Sólo se ha comprobado un déficit de 13.200 euros en relación a los costes de encargados de estructuras, una cantidad exigua en relación a los costes laborales total de la oferta", por lo que sentencia "que debemos estimar el recurso contencioso administrativo interpuesto en nombre de OHL" para dejar "sin efecto la anulación de la adjudicación y la exclusión de la oferta de UTE-OHL acordada, ratificando lo dispuesto en la Orden del Consejero de Obras Públicas y Transportes [entonces era el nacionalista Pablo Rodríguez], de 4 de junio por medio de la cual se declaró la viabilidad de la oferta de UTE-OHL y se le adjudicó la obra".