Vidina Espino: “El nuevo decreto ley de vivienda no es un parche”

La diputada por Coalición Canaria en el Parlamento autonómico habla sobre la emergencia habitacional y las posibles soluciones que plantea su partido, involucrando a todas las administraciones

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Vidina Espino, diputada en el Parlamento de Canarias por CC Gran Canaria / CC
Vidina Espino, diputada en el Parlamento de Canarias por CC Gran Canaria / CC

Tras un año de mandato, la emergencia habitacional, junto a otras problemáticas como el reparto de menores, se ha posicionado como una de las prioridades del Gobierno de Canarias. En febrero, aprobaron un nuevo decreto ley para dar respuesta a la demanda que existe de acceso a la vivienda. 

Desde Coalición Canaria, han planteado una serie de propuestas para contribuir a solucionar este problema que afecta a una gran parte de la población canaria. Vidina Espino, diputada por la formación nacionalista en el Parlamento autonómico, habla con Atlántico Hoy sobre cómo se puede afrontar este desajuste entre oferta y demanda que ha llevado a que el precio tanto de la vivienda como del alquiler no pare de aumentar. Para ella, todo se basa al final en aumentar la oferta para la regularización del mercado y apoyarse en ese decreto ley que impulsa el Ejecutivo regional. 

Una demanda que no para de aumentar

[Pregunta] ¿Cómo ha llegado Canarias hasta este punto de emergencia habitacional?

[Repuesta] Creo que hemos llegado a esta situación a raíz sobre todo de la crisis inmobiliaria de 2008 que también afectó a los diferentes gobiernos, pues la construcción de vivienda pública dejó de ser una prioridad. La pasada legislatura, en el Parlamento de Canarias, entre todos los grupos políticos se aprobó un plan de vivienda para contar con recursos para la construcción de vivienda pública, aunque resultó ser un fracaso y vimos como la lista de demandantes de vivienda pública aumentó de 18.000 a 25.000. 

El Gobierno actual ha tomado acción…

El Ejecutivo actual nada más llegar decretó la emergencia habitacional para solucionar las dificultades para la construcción de viviendas de promoción pública. Una de las principales es la disponibilidad de suelo. El decreto permite cambiar los usos del suelo de forma ágil en los municipios para destinarlo a vivienda protegida en lugar de, por ejemplo, para uso turístico. Otra cosa que se hace también es tender la mano a la colaboración pública privada, actualizando los módulos para que las empresas quieran construir. 

Construir más viviendas

¿Es realmente la solución seguir construyendo vivienda?

Solo con construir no va a ser suficiente. Aunque es una de las medidas clave, porque si se construye viviendas de promoción pública a precios asequibles, va a tener un efecto en todo el mercado al haber más oferta y menos demanda, y que así se pueda dar una regulación de los precios. 

Desde CC proponen construir viviendas de manera “más justa y equilibrada”, ¿a qué se refieren con eso?

Nos referimos a que no solo sean las constructoras, sino que un grupo de personas que quiera hacer vivienda de forma cooperativa también tengan líneas de apoyo por parte del Gobierno de Canarias. Es un modelo que ya existió en las islas y que dio buen resultado, por lo que sería importante recuperarlo. Nos parece una manera justa y equilibrada de que más personas participen en el objetivo de construir viviendas y ponerlas a disposición de las familias. 

La problemática de la vivienda vacacional

¿Qué pasa con la compra de viviendas por parte de personas extranjeras?

Creemos que es algo que hay que regular. Un porcentaje importante, como el 28%, de la compra de vivienda en Canarias la hacen personas extranjeras. Eso también provocó un efecto en el mercado de la vivienda, ya que estas personas que vienen de otros territorios cuentan con mayor poder adquisitivo que los canarios. Es una medida que reclamamos y queremos llevar a Europa la necesidad de algún modo regular esta situación. Por ejemplo, en otros territorios insulares europeos hay ciertas restricciones y queremos ponerlo sobre la mesa para que también se puedan aplicar en Canarias. 

En esta ecuación también juega un papel la vivienda vacacional…

Ha habido un aumento de la vivienda vacacional porque las familias consideran que puede ser más rentable y sobre todo también porque les da mayor seguridad al tratarse de una persona que se marcha, pues con la política de vivienda aprobada por el Gobierno de España anterior, el propietario se siente indefenso si le dejan de pagar el alquiler y piensa que no podrá recuperar su casa. Es por ello, que creemos que el propio Estado debería revisar la Ley de Vivienda, además de regular el alquiler vacacional como está haciendo Canarias y ofrecer incentivos fiscales a los propietarios para que quieran poner su vivienda en alquiler residencial frente al vacacional. 

Soluciones definitivas

¿Contemplan las propuestas de su partido, así como el decreto de vivienda, soluciones a largo plazo? 

Se está poniendo en marcha toda una nueva legislación que es ese decreto de vivienda, por tanto, no es un parche ni una medida puntual. Lo que sí tenemos claro y es muy importante para que esta política de vivienda salga adelante es contar con la colaboración de todas las administraciones, tanto ayuntamientos como cabildos. Es imposible hacerlo solo a través del Gobierno de Canarias, que necesita, por ejemplo, que el ayuntamiento ceda el suelo o contribuya a disminuir la burocracia de una licitación de construcción. 

Tanto el precio de la compra de vivienda como el del alquiler no para de subir cada mes, siendo uno de los mayores problemas al fin y al cabo, ¿estás medidas ayudarían a regularlo y poner fin a ese incremento?

Es muy difícil garantizar el funcionamiento de algunas medidas que estamos poniendo en marcha ahora, pero el objetivo es ese, acabar con la emergencia habitacional. Si vemos que algunas medidas no funcionan del todo, se corrige al evaluar los resultados, algo que, por ejemplo, no se hizo con el Plan de Vivienda de la pasada legislatura. Estamos tratando de animar al mercado a que aumente la oferta y lo que dice la economía es que a mayor oferta el precio se va regulando. Lo que está demostrado que no dio resultado fue limitar el precio. 

Trato "despectivo"

En cuestiones de actualidad, está presente el tema de Román Rodríguez, acusado por la exconsejera de Sanidad, Teresa Cruz, por acoso laboral, algo que usted también manifestó en su momento…

Creo que feminista hay que serlo en los hechos, no en la palabra. El gobierno del Pacto de las Flores se autodefinida como feminista y durante cuatro años no aprobó los planes de igualdad de sus consejerías, por ejemplo. Hay que ser feminista en el día a día. Lo que ha contado la exconsejera, Teresa Cruz, me parece inaceptable en cuanto al trato que recibió por parte de Román Rodríguez. En el Parlamento de Canarias veíamos comportamientos que van en la línea de lo que ella denuncia. El señor Rodríguez tenía una forma de actuar en la cámara como si las mujeres no tuviésemos el mismo derecho que los hombres a estar en el espacio público y expresar nuestras opiniones, y así lo denuncié. Se trata de una gotita que va cayendo y si no se le pone atención, la gente no se da cuenta. Lo que se denomina micromachismos. Quienes tienen que sentirse incómodos en el espacio son los hombres que tienen estas actitudes y no las mujeres que tenemos toda la legitimidad para participar en política y en cualquier ámbito de la vida en igualdad de condiciones. 

¿Esto se produjo con algún otro político hombre en el Parlamento?

Es una cuestión que se dio con dos consejeros la legislatura pasada. A uno de ellos se le dio un toque de atención, expresándole que en varias ocasiones tuvo alguna salida de esta línea y se corrigió. El otro que era el vicepresidente y continúa por el mismo camino. Ahora se posiciona como víctima y hace una advertencia para que de esto no se hable. 

¿Se debería implantar un protocolo o algo por el estilo para estas situaciones en la Cámara autonómica?

En la última reforma del Reglamento del Parlamento se da la posibilidad de aprobar un código de conducta para los diputados, igual ahí se podría incluir. No se ha desarrollado ese código de conducta para los diputados igual ahí se puede desarrollar, pero también me gustaría decir que esto es una cuestión de sentido común y no haría falta una norma. Este trato es un reflejo para la sociedad.