Este domingo se cumplen veinte días desde que el ‘caso Mediador’ se hizo público. El ‘Día de los Enamorados’ era la fecha elegida por los investigadores para proceder a la detención de los presuntos implicados. Simultáneamente se producían registros y detenciones en Canarias, Valencia y Madrid.
Las primeras noticias impactaron porque entre los investigados había un general retirado de la Guardia Civil, un diputado en activo del PSOE por la provincia de Las Palmas, un exdirector general de Agricultura y Ganadería del Gobierno de Canarias y numerosos empresarios de reconocido prestigio, tanto en las islas como fuera de ellas. Sin duda, un ‘San Valentín’ inesperado y que en vez de rosas rojas, regaló al PSOE el mayor escándalo de presunta corrupción de toda la legislatura.
Los 'cabecillas'
Hasta ahora las investigaciones sitúan a Marco Antonio Navarro Tacoronte, ‘el mediador’, a Francisco Espinosa, ‘el general’, a Juan Bernardo Fuentes ‘Tito Berni’ y a Taishet Fuentes, ‘el sobrino’, como los máximos responsables de la trama y los cabecillas del 'caso Mediador', pero se presagian sorpresas. A todos se les atribuye los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, falsificación, blanqueo de capital y pertenencia a organización criminal por extorsionar a ganaderos y queserías isleñas o empresas que querían instalarse en la Zona Especial Canaria (ZEC).
Comilonas, cocaína y prostitutas, son solo algunos de los ‘chismes’ (si se pueden definir así), que este caso ha sacado a la luz y que tiene indignada a toda una ciudadanía, que no logra entender como el Congreso de los Diputados se pudo convertir durante unos meses en el epicentro de una trama tan 'torrentiana', como alguno de sus implicados y tan cutre, como la forma en la que se destapó; una denuncia que no tenía que ver con la red desarticulada, pero que afectaba al mediador Marcos Antonio Navarro Tacoronte, interpuesta por el exdirector de Deportes del Cabildo de Tenerife, Ángel Luis Pérez Peña, por un supuesto gasto no autorizado en sus tarjetas de 2.750 euros. La denuncia se archivó, pero la jueza ordenó el acceso a los teléfonos del mediador porque alguien habló de más. Lo que vino después es el motivo de este artículo.
La cena en pandemia
En las conversaciones que la Guardia Civil recoge en el sumario, el intermediario Marco Antonio Navarro Tacoronte asegura que organizó una cena para el exdiputado Juan Bernardo Fuentes Curbelo, el empresario Antonio Bautista Prado y doce personas más, que tuvo lugar el 21 de octubre de 2020 en un lujoso restaurante madrileño, todavía con el estado de alarma vigente, mientras el resto de los españoles tenía la movilidad restringida.
La jueza del Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife ha abierto otras dos piezas separadas con la información aportada por el intermediario que da nombre al ‘caso Mediador’ y con las pruebas recabadas en los registros, una de las cuales ha sido declarada secreta. Lo confirmaba este viernes el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que también precisaba que, por ahora, no hay más acusación en la causa que el Ministerio Fiscal, aunque sí constan cinco peticiones de personación a las que aún no se ha respondido.
¿Qué será lo próximo?
El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha pedido a todos los partidos políticos que ante casos no ejemplares en sus respectivas formaciones actúen de la misma forma que ha hecho el PSOE en el ‘caso Mediador’. Por otro lado, la ministra de Defensa, Margarita Robles, afirmó estar "escandalizada" por el caso, que muestra "comportamientos de personas que mancillan el honor de la Guardia Civil", y por ello pidió "tolerancia cero" y que "la justicia llegue hasta el final con la máxima dureza".
En Canarias, el Gobierno ha remitido al juzgado que instruye el 'caso Mediador' los expedientes que pidió recabar de la Dirección General de Agricultura desde 2016, periodo en el que estuvieron al frente de la misma Juan Bernardo y Taishet Fuentes, en los que no ha detectado ninguna anomalía. Esos expedientes se limitan a cuatro empresas en concreto, que son objeto de la investigación judicial, pero la Consejería de Administraciones Públicas ha encargado a los servicios de inspección de la comunidad autónoma una inspección extraordinaria y urgente de todas las actuaciones de Ganadería desde 2016.
Por último, el equipo de la Guardia Civil que investigó con la Policía el ‘caso Mediador’ sospecha también en la presunta implicación del anterior director del Servicio Canario de la Salud (SCS), Conrado Domínguez, que renunció a su cargo el pasado mes de noviembre, tras ser imputado en delitos de tráfico de influencias y prevaricación por una compra fallida de un millón de mascarillas. ¿Qué será lo próximo?