La crisis de los menores no acompañados que arriban a Canarias ha llegado a un punto sin retorno y las instituciones han dicho basta. Por ello, este lunes el
de Gobierno de Canarias, con sus siete cabildos y 88 ayuntamientos, todos partidos con representación en el Parlamento (excepto Vox), y entidades del tercer sector conformaron un “frente sin precedentes”.
La razon: defender el acuerdo para la distribución obligatoria de los menores no acompañados que llegan a las islas y que será debatido en la Comisión Sectorial de la Infancia que se celebrará en Santa Cruz de Tenerife este miércoles.
Amplia representación
Medio centenar de representantes públicos, políticos y sociales respaldaron el acuerdo impulsado por Gobierno de Canarias y del Estado, apoyando la propuesta presentada a los portavoces de las fuerzas políticas en el Congreso de los Diputados.
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, señaló al término del encuentro que “Canarias acaba de demostrar que solo tiene una voz en la gestión migratoria” y abogó por que “esa voz sea escuchada y atendida por el resto de Comunidades Autónomas, por el Estado y por la Unión Europea”.
El presidente defendió un acuerdo que "esté a la altura" de la peor crisis humanitaria de España y de la Unión Europea porque “se lo debemos a los más de 5.500 niños y niñas que permanecen en las islas y también a un territorio que ha demostrado con creces ser una tierra solidaria y que tiene sobre sus espaldas todo el peso de la Frontera Sur de España y de Europa”.
“Lo que está a prueba es si somos un país capaz de dar respuesta a una crisis humanitaria o si seguimos viviendo de espaldas al fenómeno migratorio dejando sola a Canarias”, reflexionó Clavijo, quien trasladó su agradecimiento a todos los firmantes por “arrimar el hombro" en la gestión migratoria, "con más de 5.500 niños y niñas que esperan una oportunidad en centros en Canarias que están colapsados y que no tienen más capacidad de acogida”.
El acuerdo
La base de acuerdo para la reforma de la Ley de Extranjería acordado entre el Gobierno de Canarias y el Estado reconoce su aplicación solo en los territorios que se encuentran en situación de emergencia migratoria, en estos momentos Canarias, Ceuta y Melilla.
En la situación actual supondría la salida de las islas a otros territorios de aproximadamente 2.500 menores no acompañados en un plazo máximo de 12 meses, atendiendo a los criterios vigentes, fijados por la Comisión Sectorial de Migración en 2022, así como, de los que lleguen siempre que se supere el cupo.
En este contexto, el criterio para definir la situación de saturación de un territorio será cuando esté por encima del 150 % de su capacidad, lo que activaría de forma inmediata el traslado de estos menores a otras comunidades autónomas.
Representantes
Al encuentro, presidido por el presidente, Fernando Clavijo, también asistió el vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, el viceconsejero de los Servicios Jurídicos, José María Riestra, el viceconsejero de Presidencia, Alfonso Cabello y el viceconsejero de Bienestar Social, Francis Candil. Por parte de los Cabildos rubricaron el acuerdo la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, de Gran Canaria, Antonio Morales, de La Palma, Sergio Rodríguez, de Lanzarote, Oswaldo Betancort, de Fuerteventura, Lola García, de El Hierro, Alpidio Armas y el vicepresidente del Cabildo de La Gomera, Adasat Reyes.
Asimismo, los 88 ayuntamientos canarios estaban representados por la presidenta de la Federación Canaria de Municipios, FECAM, Mari Brito, los vicepresidentes, Ana Dorta, Armando Raúl Dorta y Rosa María Chinea, y el vocal del Comité Ejecutivo de la FECAM, Francisco Atta. En cuanto a los grupos parlamentarios asistieron a la reunión el portavoz del Grupo Nacionalista Canario, José Miguel Barragán, del Partido Popular, Luz Reverón, del Partido Socialista, Sebastián Franquis, de Nueva Canarias, Luis Campos, de la Agrupación Socialista Gomera, Jesús Ramos, del Grupo Mixto, Raúl Acosta, y del Grupo Vox, Paula Jover, único grupo que declinó suscribir el acuerdo.
Dieciséis entidades del Tercer Sector vinculadas a la atención de los menores no acompañados rubricaron el acuerdo para impulsar la reforma de la Ley de Extranjería a excepción de UNICEF y ACNUR que no firmaron por formar parte de Naciones Unidas, y Save the Children y Cruz Roja, que no lo hicieron al no estar presentes en la reunión los representantes legales de estas dos entidades, no obstante, las cuatro ongs mostraron su respaldo total al documento. El resto de entidades fueron Cruz Blanca, Nuevo Mundo, Nuevo Futuro, Quorum, SAMU, Coliseo, ASPROINFA, FEPAS, Siglo XXI, ACCEM, Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y Fundación CEPAIM.