El pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha acordado este lunes, por seis votos frente a cinco, suspender de forma urgente la tramitación parlamentaria, ya en el Senado, de las dos enmiendas por las que se modifica el sistema de elección y llegada de los dos candidatos al TC que nombra el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), admitiendo así las medidas cautelarísimas solicitadas por el Partido Popular (PP) en su recurso contra dichas enmiendas.
La votación se ha saldado con los seis votos de la mayoría conservadora del TC, frente a los cinco votos de la minoría que integra el bloque progresista. Los magistrados Juan Antonio Xiol, Cándido Conde-Pumpido, Ramón Sáez, María Luisa Balaguer e Inmaculada Montalbán han anunciado un voto particular. Es la primera vez, en sus más de 40 años de historia, que el TC ordena suspender de forma urgente un debate parlamentario en las Cortes Generales, por lo que se trata de una decisión inédita.
La corte de garantías da este paso después de que dichas enmiendas fueran aprobadas en el Congreso de los Diputados el pasado jueves en el marco de la proposición de ley para derogar el delito de sedición. Aunque estas enmiendas ya habían superado el trámite parlamentario en la Cámara Baja aún quedaba el Senado, donde estaba previsto que quedaran igualmente aprobadas el próximo jueves. Ahora, el secretario de Justicia del pleno, Alfonso Pérez Camino, tendrá que entregar personalmente en ambas cámaras legislativas la decisión adoptada por el TC.
De esta forma, los magistrados han considerado que el avance de la tramitación parlamentaria causa un daño de difícil reparación a los legisladores 'populares', que invocaban el artículo 23 de la Constitución, donde se recoge el derecho a la participación política de los ciudadanos a través de sus representantes.
Más de nueve horas de debate
Los once magistrados han iniciado su cónclave interno a las 10:00 horas, pero las decisiones de calado no han llegado hasta las 1:.30, cuando han acordado admitir a trámite el recurso del PP; aceptar también la personación solicitada por Unidas Podemos (UP) y PSOE, por ostentar un "interés legítimo", y rechazar las recusaciones lanzadas por los partidos de Gobierno contra el presidente del TC, Pedro González-Trevijano, y el magistrado Antonio Narváez.
Según ha informado el TC, el pleno ha apreciado que la vulneración alegada por el PP no es descartable, atendiendo a la doctrina constitucional sobre el ejercicio del derecho de enmienda y la relación de homogeneidad que ha de existir entre las enmiendas y la iniciativa legislativa que se pretende modificar. Asimismo, ha considerado que el asunto planteado en este recurso de amparo tiene especial trascendencia constitucional porque suscita cuestión jurídica de "relevante y general repercusión social", que además tiene "unas consecuencias políticas generales". Con todo, el TC ha emplazado al Congreso de los Diputados, por conducto de su presidenta, Meritxell Batet, para que comparezca en el procedimiento en el plazo de diez días en calidad de demandado. Los magistrados han dado el mismo plazo al Ministerio Fiscal y a las demás partes --PP, PSOE y UP-- para que aleguen lo que crean oportuno respecto a la suspensión acordada.
Con ese mismo resultado (seis a cinco), los magistrados han resuelto que no era el momento procesal oportuno para abordar las recusaciones formuladas por los 'morados' y los socialistas. El pleno ha entendido que, a pesar de que se les ha reconocido como parte en el procedimiento, UP y PSOE "carecen en este momento procesal de legitimación para instar la recusación de los magistrados del TC, por no estar constituida la relación jurídico-procesal".
UP argumentaba que González-Trevijano y Narváez debían apartarse aduciendo que tenían "interés directo" en paralizar esta reforma porque serían reemplazados por los candidatos nominados por el Gobierno —el ex ministro de Justicia Juan Carlos Campo y la ex alto cargo de Moncloa Laura Díez— si sale adelante la modificación planteada.
El pleno del TC ya se reunió con carácter urgente el pasado jueves, pero entonces González-Trevijano accedió a aplazarlo a este lunes después de que los cinco magistrados progresistas amenazaran con irse, si no se les daba más tiempo estudiar un asunto de gran "complejidad" y "relevancia" que habían conocido apenas 24 horas antes. De haberse marchado, habrían impedido el quorum de al menos ocho magistrados que se exige para que el pleno quede constituido.
La renovación del TC
El problema de fondo es que el TC aguarda desde el pasado 12 de junio a que se renueven los cuatro magistrados que forman el tercio que la Constitución encarga reemplazar a Gobierno y CGPJ: González-Trevijano y Narváez, nombrados en su día por el Ejecutivo de Mariano Rajoy; y Juan Antonio Xiol y Santiago Martínez-Vares, designados entonces por el órgano de gobierno de los jueces.
Las dudas jurídicas sobre la posibilidad de que los dos candidatos de Moncloa pudieran tomar posesión sin esperar a los dos del CGPJ llevaron a impulsar y aprobar el pasado julio en el Parlamento una reforma exprés de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para devolver al Consejo su poder para nombrar a sus dos aspirantes a la corte de garantías.
Sin embargo, las negociaciones en el seno del CGPJ encallaron el pasado 2 de diciembre por el veto tácito del bloque conservador al candidato de sus homólogos progresistas, el magistrado del Tribunal Supremo (TS) José Manuel Bandrés, y la negativa de estos últimos a volver a engordar su listado de aspirantes (que llegó a contar con nueve).
En este contexto, morados y socialistas introdujeron en la proposición de ley que elimina el delito de sedición las dos enmiendas que despejan el camino para que Campo y Díez tomen posesión como magistrados del TC sin tener que esperar a los dos nominados por el órgano de gobierno de los jueces. Por su parte, el CGPJ tiene previsto celebrar este martes a las 17:00 un pleno extraordinario donde, por ahora, los únicos candidatos que figuran en el orden del día son los magistrados del TS Pablo Lucas y César Tolosa.