El pasado martes saltaba la noticia: tres empresarios y un político están siendo investigados por el Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas por un presunto fraude fiscal. Miguel Ángel Ramírez, presidente de la UD Las Palmas era uno de ellos. Noel Jamal, Christian Cerpa y Lucas Bravo de Laguna eran los otros tres implicados. Los cuatro suministraron guantes de nitrilo e hisopos al Servicio Canario de la Salud (SCS) en 2020 y 2021 a través de las empresas Damco Trading Services y Tanoja Services.
Según la fiscal de Delitos Económicos de Las Palmas, Evangelina Ríos, Tabaiba, una empresa de la que Ramírez es socio único, mediaba con los clientes y se reservaba cobrar como comisión del 100% del sobreprecio que obtuviera de las ventas.
En la querella, lo que se investiga no son las comisiones sino que si los empresarios tributaron de acuerdo con la ley. Sin duda, una denuncia que vuelve a poner en tela de juicio la actuación del conocido como el Pacto de las Flores y en particular el papel del expresidente de Canarias Ángel Víctor Torres y el del exdirector del SCS, Conrado Domínguez en este nuevo capítulo del caso Mascarillas.
Miguel Ángel Ramírez
La fiscal atribuye al presidente de la UD Las Palmas en esta trama, el papel de comisionista a través de la firma Tabaiba. Evangelina Ríos expone que Ramírez ganó 6,76 millones de euros durante el estado de alarma, por los que el Gobierno de Canarias pagó 24,7 millones de euros.
Ríos alega que Tabaiba obtuvo unas ganancias patrimoniales con esta operativa de 3,29 millones de euros en 2020 y de 3,47 millones en 2021, cantidades que deduce de restar del dinero que Tabaiba recibía de Damco y Tanoja las cuantías que la sociedad de Ramírez pagaba a B&M Sport, empresa de Lucas Bravo de Laguna.
La Fiscalía acusa a Ramírez de dos delitos fiscales. Por un lado, estima que eludió el pago impuestos por esas ganancias por valor de 1,45 millones en 2020 y 1,54 millones en 2021, al no tributarlas como persona física, vía IRPF, sino a través del Impuesto de Sociedades, eso es por Tabaiba, tras haberse acogido a los beneficios fiscales de la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC).
"Jamás vendí u oferté producto sanitario alguno al Servicio Canario de la Salud, con el que nunca establecí relación comercial. Mi labor consistió únicamente en la intermediación, en un contexto de máxima dificultad y extrema urgencia, para satisfacer las necesidades de la sanidad pública", aseguró Ramírez en un comunicado remitido a los medios de comunicación
En su resolución la juez se pregunta qué papel desempeñaba Ramírez en los contratos y llega a la conclusión de que estaba ahí para lucrarse.
Noel Jamal Fernández
Es el propietario de Damco y Tanoja, empresas que obtenían contratos con el Servicio Canario de la Salud y que se encargaban de la operativa de importación y entrega del material. En su trayectoria profesional destaca su carrera como expiloto de automovilismo hispano-libanés. Corrió en la European F3 Open durante tres temporadas con Cedars Motorsport, escudería de la que su padre era el dueño. En 2010 se proclamó vencedor de la Clase Copa del campeonato. Las dos empresas fueron denunciadas ante la Fiscalía Europea en marzo de 2022 por presuntas irregularidades en relación a sobrecostes de los precios ofertados y aceptados por el Gobierno de Canarias, presidido entonces por el actual ministro Ángel Víctor Torres.
Lucas Bravo de Laguna
Bravo ha sido alcalde del municipio de Santa Brigida (Gran Canaria), exdiputado del Parlamento de Canarias y es el dueño de la empresa B&M Sport. Actualmente es el director comercial de la UD Las Palmas y en declaraciones sobre la querella interpuesta por la Fiscalía de Las Palmas a RTVC, afirmó que si se demuestra la existencia de algún tipo de delito por su parte o de otras personas pagará las consecuencias. "Si me tienen que tirar tomates por la calle que me los tiren y si tengo que ir a la cárcel iré", aseguró.
"Pero lo que no puede ser es que se intente culpabilizar a nadie, sea a mí o a cualquier otra persona, sin pruebas, sin fundamentos, porque hay una querella sobre un delito fiscal que es un tema meramente técnico a día de hoy. Nosotros no hemos ocultado absolutamente nada", sentenció Bravo de Laguna.
La juez también se pregunta qué papel jugó en los contratos que el Servicio Canario de la Salud adjudicó a Damco y Tanoja.
Christian Cerpa
Al igual que con Miguel Ángel Ramírez y con Lucas Bravo de la Laguna, la juez también se pregunta en su resolución qué papel desempeñaba Cerpa, si toda la operativa de importación y entrega del material la hacían Damco y Tanoja.
Cerpa, que además de su faceta empresarial, ha estado relacionado con distintos partidos políticos en los que ha actuado como experto en comunicación política ha hablado con Atlántico Hoy sobre la investigación. “Hacienda considera que se trata de un incremento patrimonial por una intermediación y no de una actividad económica y que, por ende, no tengo derecho a dotar de RIC —que, en mi caso, fueron 300.000 euros—. Mi asesor, mis abogados y yo consideramos que sí puedo hacerlo”. “Es dinero de fuente legal, facturado y declarado”, aseguró Cerpa.