La transferencia de las competencias de la Ley de Costas a Canarias se convertirá este miércoles en realidad tras muchos años de negociaciones para que haya podido llevarse a cabo. Una medida que puede cambiar la situación actual de unas 150.000 personas que viven en núcleos poblacionales muy cercanos al mar y, por tanto, afectados por dicha ley.
Repartidos entre más de 60 de los 88 municipios del Archipiélago, estos poblamientos tienen en muchos casos 80 o 100 años –alguna casa incluso alcanza los 200-, con un relevante arraigo en el territorio. Sin embargo, la Ley de Costas de 1988, actualizada en 2013, puso en entredicho la legalidad de estas construcciones, amenazando el futuro de quienes allí viven.
La ley
El problema con estos poblados comienza cuando la ley promulgada en 1988 sentenció que las viviendas que no tuvieran antes de aquella fecha la consideración de núcleo urbano consolidado –abastecimiento de agua, desagües,…- deberían respetar un deslinde del dominio público marítimo-terrestre de 100 metros, frente a los 20 metros de los anteriores a esa fecha. . Al invadir esa distancia muchos poblados quedaron desprotegidos.
Una medida que excluía a Formentera y a algunos núcleos de la Península pero que dejaba en una situación de indefensión a miles de familias que no cumplían esa norma por no poder optar a ciertos servicios como el abastecimiento de aguas, en muchos casos por la compleja orografía o ciertas deficiencias urbanísticas de las Islas.
Hay que esperar
Para el abogado José Luis Langa, presidente de la Plataforma de Afectados por la Ley de Costas, le parece que este es “un motivo de alegría”, aunque reconoce que “hay que esperar a ver el contenido y ver el alcance de las competencias y de las transferencias para hacer una valoración más exacta”.
Langa lleva casi 20 años trabajando por que la comunidad autónoma tenga la gestión de los servicios sobre sus costas igual que tienen Andalucía y Cataluña, pues se muestra convencido de que “si Canarias hubiera tenido la gestión seguro que las cosas se habrían gestionado de otra forma, teniendo en cuenta la legalidad pero también la sensibilidad y la historia del pueblo canario”.
Por ello cree que hay que pedir la misma consideración que tiene Formentera por las especiales características de estos núcleos poblacionales, marineros en muchos de los casos, pero siempre “dentro del marco legal que nos permite establecer estos parámetros”.
Muchos casos
El abogado ha solicitado en varias ocasiones la suspensión de ejecuciones de desalojo de varios núcleos “hasta que resolvamos el tema de las competencias”, pues hay muchos casos: Fuencaliente, Punta Larga, Ojos de Garza, Bocacangrejo o Valle Gran Rey, cuya única solución para ser salvados es que se consideren núcleos poblacionales urbanos consolidados.
Tristemente famoso es el caso de Cho Vito, un pueblo pesquero de Candelaria que fue derribado hace ya diez años acogiéndose a la Ley de Costas para construir un paseo marítimo donde se ubicaba. En 2016 el Tribunal Europeo de Justicia consideró que hubo arbitrariedad en la aplicación de la Ley de Costas en este caso además de un mal uso de los fondos aportados por Bruselas, por lo que se condenó a España a devolver el dinero aportado por la Unión. Cho Vito sí contaba con servicios básicos como alcantarillado y abastecimiento de aguas.
Necesidad de la comisión mixta
A Langa le resulta sorprendente haberse enterado por la prensa de esta notica al ser miembro de la comisión mixta de transferencias. “Me hubiera gustado tener conocimiento de la firma, pero no me han dado traslado de la noticia”.
Recuerda que en 2016 se llegó a un acuerdo con Gobierno de Canarias para constituir esta comisión mixta “al objeto de que una vez que tuviéramos las competencias analizáramos la situación en la que se encuentran los diferentes núcleos y encontrar soluciones”.
“El consejero Valbuena me dijo que después del acuerdo se pondría en marcha la comisión mixta. Espero que sea así”, finaliza.