El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha comentado que las leyes de Memoria Histórica y Democrática “son contundentes" en cuanto a que se debe “eliminar toda reminiscencia de la etapa más oscura" de España en el siglo XX.
Torres ha expresado, en palabras a RTVC, que la legislación establece que "no puede haber vestigios de la época del totalitarismo y la dictadura" después de que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) resolviera la medida de protección cautelar del monumento a Franco en Santa Cruz de Tenerife.
"No debe ocurrir"
Así, el presidente regional afirma que "no ocurre en Alemania, no ocurre en Italia, no puede ocurrir, no ocurre, no debe ocurrir en España. Se tiene que eliminar todo aquello que lleve a cualquier reminiscencia de una época donde la sangre y la violencia se puso por encima de las democracias y las urnas".
El TSJC decretó este martes la protección cautelar del monumento a Franco en Santa Cruz de Tenerife hasta que no se resuelva el recurso presentado por una asociación contra la resolución del Cabildo de Tenerife de denegar la incoación de un expediente de declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) del mismo.
Objeto del recurso
Además, el TSJC señala que el objeto de este recurso "no es la confrontación del monumento a Franco con la Ley de Memoria Histórica de 20/2022”, algo que suscitaría "una indudable apariencia de buen derecho" a favor de la administración, sino determinar "el posible interés cultural" de la escultura de Juan de Ávalos.
El alto tribunal canario profundiza que es la Ley de Memoria Democrática, "con absoluta coherencia la que pone freno a posibles excesos que pretendan la destrucción de algo que se considere de interés cultural o artístico".
En ese caso, la ley prevé "la posibilidad de reinterpretación o resignificación" del monumento "en otro sentido al que pudiera tener como monumento franquista", añade el TSJC.
Fase cautelar
Asimismo, insiste la sentencia que "el discutir a priori en fase cautelar sobre el alcance del interés artístico o cultural de una escultura, carente por otra parte de símbolos franquistas, sí que implica una verdadera intrusión en el fondo de la cuestión".
También expone que al no incoarse el expediente de declaración como BIC del monumento, "el peligro de la pérdida de la finalidad del recurso, para los demandantes interesados, sería en este caso clamoroso".