Cuatro años han pasado desde aquel marzo de 2020 en el que las palabras pandemia, mascarillas, COVID-19 o PCR empezaron a formar parte de la vida de todos los canarios y del resto del mundo. Tiempo después, siguen formando parte de la actualidad informativa, pero de una manera bastante diferente. De la pandemia iba a salir una sociedad mejor, se decía, pero mientras la incertidumbre, la enfermedad y, tristemente, la muerte formaban parte del día a día de una ciudadanía asustada, había algunos pocos que se aprovecharon de la situación para hacer negocio y para enriquecerse.
El primer caso de corrupción que se conoció en Canarias tras la pandemia fue el caso PCR-Mascarillas, que hace casi dos años que salió a la luz. Fue en 2022 cuando la Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas anunció que estaba investigando al Servicio Canario de la Salud (SCS) por el pago de cuatro millones a una empresa de compraventa de vehículos, RR7 United, para adquirir unas mascarillas que nunca llegaron. Conrado Domínguez, director del SCS por aquel entonces, y Rayco González, administrador único de la citada compañía, fueron los protagonistas de la primera parte de esta película. Al primero, que dimitió de su cargo, se le acusaba de prevaricación administrativa y tráfico de influencias, mientras que al segundo se le imputa una estafa agravada y blanqueo de capitales.
Personajes políticos
Y cuando se creía que no se podía llegar más lejos, nuevas tramas y nuevos personajes aparecen en escena. Se trata del caso Koldo, que estalló a nivel nacional y salpicó también al Archipiélago, y el caso Damco. Estos tres casos de corrupción tienen algunas cosas en común y Atlántico Hoy ha querido explicar en qué se relacionan desde el punto de vista político, empresarial y judicial. Aunque los tres casos —PCR-Mascarillas, Koldo y Damco— hayan saltado en puntos temporales diferentes, todas las empresas señaladas ya estaban denunciadas desde que salió a la luz el primero de ellos. Sin embargo, en ese momento, la Fiscalía solo se centró en RR7 United.
En Canarias hay dos personajes que se han visto salpicados por estas supuestas tramas de corrupción. Ángel Víctor Torres que, por aquel entonces, era presidente del Gobierno autonómico y Conrado Domínguez, director del Servicio Canario de la Salud, que actualmente está imputado por el PCR-Mascarillas. El expresidente y actual ministro, por su parte, siempre ha sido claro y ha defendido a diestro y siniestro la legalidad de las compras de material sanitario durante el estado de alarma, pues había que buscarlo “donde fuera, porque no había”. Asimismo, recalcó que nunca fue consciente de que alguno de esos contratos pudiera estar inflado por comisionistas. "¿Quién lo podía saber?”, manifestó el actual ministro de Política Territorial en una entrevista concedida a RNE en Canarias, que añadió que “de haberlo sabido, hubiésemos ido nosotros a la Justicia” y reiteró que el peso de la ley caiga sobre quien “se estaba beneficiando de comisiones ilegales”.
Precios inflados y dinero europeo
Lo que lleva a otro punto en común: las grandes cantidades de dinero que presuntamente se pagaron por encima del precio del mercado para adquirir esos productos sanitarios. Por ejemplo, el precio pagado por las mascarillas a la empresa de Rayco González (RR7) era muy superior —cuatro euros por unidad— al precio mayor (2,94) de todos los contratos de este tipo en Canarias durante la pandemia, según la Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas.
Además, mucho del dinero utilizado para la compra de material salía de fondos europeos, por lo que la Fiscalía Europea, tras recibir la denuncia de un particular, investigará si se han cometido delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y tráfico de influencias.
Caso Koldo y Damco
El caso Koldo, que estalló a nivel nacional, se vincula también al Ejecutivo canario. ¿Cómo? Todo se concentra en la concesión por parte de la Dirección General de Recursos Económicos del Servicio Canario de la Salud de cuatro contratos a dedo por valor de 12,2 millones de euros a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL —empresa que aparece en el epicentro del caso al estar ligada a Koldo García, asesor en aquel entonces del exministro de Transporte José Luis Ábalos—, para la compra de mascarillas. Atlántico Hoy también ha realizado un análisis exhaustivo de cómo afecta este caso al Archipiélago.
Por si fuera poco, en noviembre de 2023 otra denuncia particular hacia el SCS aseguraba que este había cancelado un pedido a una compañía para el suministro de mascarillas con la mercancía ya entregada. La acusación se centró en dos empresas relacionadas con Miguel Ángel Ramírez —Damco Trading Services y Tanoja Services— tras la intermediación de Christian Cerpa, que incluso llegó a presentarse —según la acusación— como representante de la sanidad pública canaria. Así brotaba el caso Cerpa.
A finales de febrero de 2024 se conocía que tres empresarios y un político estaban siendo investigados por el Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas por un presunto fraude fiscal. Miguel Ángel Ramírez, presidente de la UD Las Palmas era uno de ellos. Noel Jamal, Christian Cerpa y Lucas Bravo de Laguna eran los otros tres implicados. Nace, así, el tercero de los casos analizados en este artículo, el caso Damco.