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Política

Todas las áreas del Gobierno de Canarias se reúnen para armar su lucha contra el cambio climático

El Ejecutivo canario tenía la obligación de constituir en estas fechas la Comisión Canaria de Acción Climática y Energía, órgano fundamental en la lucha contra el cambio climático, que ha celebrado este jueves su primera reunión

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En el centro, el consejero de Transición Ecológica, Mariano Zapata, a su lado el jefe de servicio de cambio climático, Gustavo Pestana, y a la derecha la viceconsejera, Julieta Schallenberg. / AINOHA CRUZ-AH

Las diferentes áreas del Gobierno de Canarias han mantenido este jueves la primera reunión de la Comisión Canaria de Acción Climática y Energía, un órgano creado a partir del decreto ley que modificó la ley de cambio climático, que busca unificar los criterios de las consejerías en la lucha contra el calentamiento global. El texto obligaba a la constitución de la comisión en un plazo de tres meses ante lo que el consejero de Transición Ecológica, Mariano Zapata, ha destacado que están “cumpliendo plazos y objetivos”. 

Antes de la celebración de la primera reunión de esta comisión, Zapata ha apuntado que “el cambio climático no puede esperar por nosotros” y ha expresado que esperan que “cuanto antes” el texto legal esté al 100% de su desarrollo y aplicación, un desarrollo que comienza con la convocatoria de la comisión. 

Comienzan las reuniones

De esta forma, la reunión de este jueves con todas las consejerías, se ha centrado en “ponernos al día, unificar criterios y avanzar” en la lucha contra el cambio climático y en “planificar de cara al futuro cuáles son y cuáles serán las diferentes acciones en cada una de las consejerías”, tal y como ha informado el consejero. A partir de esta reunión se establecerá la periodicidad del resto de reuniones para “tomar medidas efectivas”. 

Tal y como recoge el decreto, a esta comisión le corresponden las funciones de coordinación de la actuación de la administración regional, informar cada dos años al Parlamento de Canarias de la incidencia ambiental, económica y social de las medidas de acción climática implementadas, formular propuestas al Gobierno de Canarias de medidas de mitigación y adaptación, y estudiar y debatir las propuestas de proyectos de reglamentos relacionados con los objetivos de la ley de cambio climático cuando afecte a más de una consejería. 

Primera reunión de la Comisión Canaria de Acción Climática y Energía. / AINOHA CRUZ-AH

Asimismo, el texto da potestad a la comisión el proponer anualmente “el porcentaje de presupuesto que cada uno de los departamentos de la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y los entes de su sector público institucional autonómico deberán destinar a la acción climática para la consecución de los objetivos de esta ley”. 

Eso sí, avisa el decreto que “las decisiones que se adopten en este ámbito deberán sustentarse en el conocimiento científico y técnico disponible en la materia y la valoración económica, social y ambiental de los riesgos y de las medidas propuestas con criterios de coste-efectividad”. 

La modificación

Esta comisión viene a suplantar la Comisión Interadministrativa de Acción climática, Energía y Agua que establecía la ley de cambio climático en su texto antes de ser modificada por el Partido Popular. Zapata ha insistido sobre el decreto ley que había que “modificar” y “reducir burocracia” como manera eficaz de lucha contra el calentamiento global “y no quedarnos con propuestas meramente ideológicas que es lo que entendíamos que había en este momento”. El consejero ha señalado que están dando pasos adelante y que ahora están con el desarrollo de la participación del 20% de los proyectos de energías renovables. “Son diferentes frentes abiertos, pero en todos avanzando”, ha apuntado. 

Entre esos frentes está el concurso ordinario para la renovación de las centrales eléctricas, del que este sábado se abrirán los sobres para conocer las propuestas de los inversores. También se está a la espera de que las empresas Disa y Sampol presenten sus proyectos concretos para la instalación de energía adicional en Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura a fin de reforzar la generación eléctrica en las islas.