El señalado como comisionista en la fallida compraventa de un millón de mascarillas defectuosas al Servicio Canario de la Salud (SCS) por valor de 4 millones de euros, Samuel Machín, ha manifestado este viernes en la comisión parlamentaria que investiga las compras de material sanitario durante la pandemia de COVID-19 que "el daño que me ha hecho la prensa ha sido bastante grande, tergiversando todo".
Durante su comparecencia negó haber cobrado comisiones por la operación y sostuvo que nunca recibió la supuesta comisión de 100.000 euros que se había pactado con la empresa RR7. A pesar de su mediación para la entrega del material, explicó que nunca recibió el contrato firmado ni el pago prometido. "Yo no cobré", reiteró en varias ocasiones a preguntas de los diputados de Vox y Agrupación Socialista Gomera.
Preguntas que no siempre contestó, puesto que se acogió a su derecho a no declarar. Salvo a preguntas que considerara "pertinentes", que terminaron siendo bastantes basándose en la premisa que él mismo había establecido.
Sus intervenciones estuvieron marcadas por críticas al mensajero, la prensa, a la que culpó de distorsionar los hechos y de dañar su reputación al publicar supuestos mensajes intercambiados con el administrador de RR7, a quien llamaba "hermanito". Sobre el propio Rayco González tiró de socarronería al preguntar: "¿Quién es esa persona?".
Sin palabras sobre Conrado
No quiso hablar sobre su relación con otros implicados, como el exdirector del SCS, Conrado Domínguez, la exdirectora de recursos económicos de Sanidad, Ana María Pérez, Oswaldo Lastras o Lucas Cruz, volviendo al tratamiento mediático del caso, lo cual ha complicado, según él, su defensa pública.
Los representantes de los restantes partidos intentaron sin éxito que Machín hablara, pero no fue posible. Fernando Enseñat, del Partido Popular, se lo pidió por “obligación moral”. No hubo respuesta. También preguntó sobre quiénes habrían sido los colaboradores dentro del Gobierno de Canarias que facilitaron esta fallida operación de compraventa, pero Machín escuchaba el eco de sus palabras.
La portavoz del grupo Nacionalista, Vidina Espino, infructuosamente probó de nuevo para que Machín explicara un supuesto "círculo de amistad" entre los implicados en el caso. Agua una vez más. Pero Vidina, versada en medios, sabía por donde tirar y le pidió que diera su versión de los hechos, ya que consideraba que todo había sido tergiversado por la prensa. Como fue preparada, sacó a la palestra una del compareciente en la que dijo que había cobrado 6.000 euros "por un año de trabajo" y que en la querella de la Fiscalía figuran tres transferencias por importe de 7.000 euros.
Defensivo muro de piedra
Nira Fierro, portavoz del grupo Socialista y número dos de Ángel Víctor Torres en la Ejecutiva regional del PSOE, hizo una vez más una defensa a ultranza del derecho del compareciente, en este caso Machín, a no declarar. Atrás quedaron las sentencias de AVT -presidente de Canarias entonces- cuando se conoció el caso ("Quien la ha hecho, que la pague") y de Antonio Olivera, también señalado en la causa (“Si alguien se ha lucrado, que lo pague”).
Eso sí, Fierro se acordó de apuntar que todo lo sucedido se produjo en un contexto de emergencia sanitaria y que, de 1.300 contratos formalizados por el Gobierno de Canarias en aquel entonces, solo el de RR7 se encuentra en un procedimiento administrativo vivo de reclamación patrimonial. Lo que no dijo fue cuántos de aquellos contratos ascendían a cuatro o más millones de euros, como en el caso que ocupa a la comisión.
A su entender, se ha juzgado este caso "sin reflejar la realidad" de los hechos.