La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha archivado la causa contra el secretario general de Coalición Canaria (CC) y senador autonómico, Fernando Clavijo, al considerar que no existen indicios de un delito continuado de prevaricación administrativa cuando era alcalde de La Laguna, en el conocido como caso Reparos. El Supremo ha tomado esta decisión tras analizar la exposición razonada enviada por la titular del juzgado de Instrucción nº 4 de San Cristóbal de La Laguna, que señalaba que Clavijo, entre los años 2011 y 2014, dictó más de un centenar de decretos levantando los reparos de la Intervención General contrarios a la prórrogas y continuidad de contratos de servicios públicos.
La Sala señala que no parece que pueda discutirse que la actuación reiterada de la Corporación con mecanismos que fuerzan el funcionamiento normal de la contratación pública, “no se ajustan fielmente a la legalidad, por más que, decreto a decreto, y con el apoyo del dictamen de un experto administrativista del mundo académico que no puede desdeñarse, la defensa intente salvar mediante interpretaciones, más asumibles unas que otras, la corrección jurídica y el respaldo en la legalidad de cada decisión. Un respaldo que también se preocupaban de consignar los correspondientes servicios gestores al rechazar el reparo”.
Clavijo ha respondido tras conocerse la información de la causa archivada. El senador asegura sentir "una profunda alegría, a pesar de que sabíamos que el sentido común nos decía que esta causa iba a acabar absolutamente en eso. Pero que el Tribunal Supremo lo vea y en su auto hable de la garantía de los servicios públicos esenciales, de que esta actuación como en el caso Grúas no revestía de indicios de delito, pues es una gran alegría".
El 'caso Reparos'
El caso Reparos es una denuncia que interpuso en enero de 2018 el hoy concejal de Urbanismo de La Laguna, Santiago Pérez, tras revisar centenares de documentos municipales que le llamaron la atención: durante años, el alcalde de la ciudad —Fernando Clavijo por aquel entonces—, habría ampliado la vigencia de importantes contratos cuando llegaban sus vencimientos y sus prórrogas legales, esquivando convocar concursos y siempre en contra del criterio del interventor municipal. Esta práctica, que supuestamente se inició en 2013, habría sido continuada por el sucesor de Clavijo cuando este saltó a la presidencia de Canarias, José Alberto Díaz, ambos de Coalición Canaria.
Durante muchos años ambos alcaldes levantaban los reparos de legalidad que ponía la Intervención General a la hora de prorrogar los contratos para la prestación de importantes servicios municipales. La relación de resoluciones adoptadas por Clavijo, Díaz y algunos otros miembros de sus Gobiernos para burlar los reparos planteados por la Intervención entre los años 2013 a 2017 están en torno a los 140 y suponen un importe aproximado de 60 millones de euros, según denunció Pérez.