A pocos días de las elecciones del 23J, la política nacional concentra gran parte de la atención mediática mientras que, a nivel autonómico, los nuevos gobiernos toman posesión de acuerdo con el dictado de las urnas en los comicios del 28M. A medida que los representantes políticos canarios ocupan sus respectivos cargos también se van desvelando las cuantías de los salarios que perciben y que, dentro de los límites marcados por ley, pueden fijar a voluntad. Si bien esta prerrogativa está reservada a presidentes y alcaldes, sus efectos se extienden también al resto del grupo de gobierno y por ello, en muchos inicios de legislatura, supone el primer motivo de discordia con la oposición.
De la misma manera que el gobierno central marca sus retribuciones en los Presupuestos Generales del Estado, los gobiernos regionales hacen lo propio en sus presupuestos anuales. En el ámbito municipal, esta potestad se ejerce en el pleno de cada ayuntamiento y está sujeta a un límite salarial máximo en función del número de habitantes. Pese a los baremos y la labor fiscalizadora de la oposición, la decisión final con frecuencia queda a discreción de los propios beneficiarios.
Legislatura tras legislatura muchos votantes se indignan al comprobar el alza del sueldo de sus representantes políticos. Aunque fijar su salario está dentro de sus competencias establecidas por ley, siempre que no superen un límite máximo, el procedimiento se antoja antidemocrático toda vez que el cargo electo puede interceder, como juez y parte, en favor de sus intereses.
Gobierno y Parlamento
El portal de Transparencia del Gobierno de Canarias establece para el presidente Fernando Clavijo una retribución íntegra anual de 76.823 euros (sin antigüedad ni Seguridad Social) mientras que, para el vicepresidente Manuel Domínguez, refleja una cuantía de 73.365 euros. A partir de ahí se configura un listado de cinco consejeras que percibirán 70.994 euros anuales, concretamente Nieves Lady Barreto al frente de Presidencia, Jessica de León en Turismo, María Candelaria Delgado en Bienestar Social, Matilde Pastora en Hacienda y, por último, Esther Monzón como consejera de Sanidad.
Respecto al poder legislativo, cualquiera de los 70 diputados que constituyen el hemiciclo percibe un mínimo de 51.675 euros anuales, incluyendo las pagas de junio y diciembre. Adicionalmente, la cámara contempla en su página web distintos complementos mensuales en función del cargo, que oscilan entre los 524 euros para una portavocía suplente y los 2.239 euros que percibe la presidencia del Parlamento. En total el salario de la presidenta Astrid Pérez ascendería a 80.782 euros anuales una vez sumados los complementos y las pagas extras mientras que los vicepresidentes, Ana Oramas y Gustavo Matos, cobrarán 65.298 euros.
En cualquier caso la panorámica salarial del Parlamento quedaría incompleta si no incluimos la variedad de motivos que, en función del cargo, habilitan a percibir una indemnización a los miembros de la cámara. Por cada sesión los diputados electos por Tenerife, sede de la cámara, percibirán 60 euros mientras que sus homólogos de Gran Canaria ingresarán 83 euros y, en caso de haber sido elegidos en una isla no capitalina, la cuantía ascenderá hasta los 113 euros. En el caso de la presidencia, vicepresidencia, secretarías y portavocías estas cantidades pueden aumentar de acuerdo con una tabla de remuneraciones.
Cabildos y ayuntamientos
En los cabildos y ayuntamiento de Canarias la información disponible difiere en función de los organismos consutados. En el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias cobrará 71.400 euros mientras que, en Santa Cruz de Tenerife, el último dato publicado asignaba a José Manuel Bermúdez una cuantía de 73.158 euros anuales. Por otra parte, en el Cabildo de Tenerife los últimos datos se refieren al año 2022, en el que el presidente percibió 89.347 euros, mientras que los vicepresidentes ganaron 85.417 euros, los consejeros de área 71.425 euros y los directores insulares 70.618 euros. Estos datos corresponderían al grupo de gobierno saliente, liderado por Pedro Martín, pero podrían servir de referencia para el mandato de Rosa Dávila.
En el Cabildo de Gran Canaria, por contra, los datos más actualizados son de 2021. En este año, el presidente del órgano insular, Antonio Morales, percibió una retribución bruta anual de 70.212 euros mientras que los vicepresidentes ganaron 67.049 euros anuales y los consejeros de área recibieron 63.508 euros anuales. Mención aparte merece el nuevo presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, cuyos emolumentos ascienden a 87.120 euros anuales, lo que supone un aumento de 20.000 euros respecto a su predecesora Lola Corujo.
Esta práctica de subirse el sueldo como primera medida tras la toma de posesión ha sucedido en varios ayuntamientos canarios. En el municipio tinerfeño de Güímar, el alcalde Gustavo Pérez abrió la legislatura con un incremento de 10.000 euros en su retribución, justificando la medida en el aumento poblacional para pasar de los 48.101 a los 58.000 euros. También recientemente se aprobó el alza en el sueldo de la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, que tras un pleno convulso pasó de cobrar 53.000 a 63.000 euros. Por último, el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez también aprovechó la nueva legislatura para actualizar su salario desde los 76.455 hasta los 88.500 euros, en una maniobra que desde el pasado 28 M ya hemos presenciado en otros ayuntamientos como Santa María de Guía, Tazacorte, Candelaria, Santa Cruz de La Palma, Tacoronte o Breña Baja.