El repunte de actividad en la ruta migratoria canaria durante agosto y septiembre ha sacado a la superficie, una vez más, la falta de medios que el Estado dota a las Islas para afrontar un fenómeno siempre presente en la historia de la humanidad —como componente inseparable de su evolución y progreso—. Si en las últimas semanas, desde el Archipiélago, se ha solicitado al Estado el aumento de plazas de acogida o se ha reclamado que Salvamento Marítimo mantenga operativos tres buques las costas de la comunidad, ahora también se pone el foco sobre el Sistema Integral de Vigilancia Exterior (SIVE) en Lanzarote: sólo uno de los cinco radares instalados en la isla para detectar pateras, cayucos o lanchas neumáticas funciona un año después de adjudicar un contrato de 19 millones de euros para su mantenimiento.
"El único que marcha bien en Lanzarote", advierten fuentes oficiales, "es el radar que está en el Faro Pechiguera". "Del resto no se puede esperar nada. En el de Haría no va bien la cámara, el de Montaña Mina funciona cuando quiere. Y los de Costa Teguise y Puerto del Carmen están inoperativos desde hace tiempo. En Lanzarote no funciona casi nada, todo se lleva desde Gran Canaria. Y claro, luego pasa lo que pasa: cuando no se detecta un cayuco o una patera empiezan los problemas porque todo el mundo se pregunta qué ha pasado", puntualizan.
Mirador de Guinate
Para paliar esta deficiencia, el Estado ha puesto en marcha la instalación de un equipo del SIVE en el Mirador de Guinate (Haría). "Es curioso", señalan estas mismas fuentes oficiales, "que algunos ahora se pongan las manos en la cabeza y critiquen la ubicación de esos radares en una zona tan turística". "Si se va a poner ahí", recalcan, "es porque tienen acceso a corriente eléctrica porque justo en esa misma zona hay un repetidor de Telefónica. Tiene energía al lado y no cuesta dinero. Y la otra opción era levantarlo en una zona especial protegida, con lo que eso conlleva de autorizaciones y de protestas de ecologistas".
En 2015, el Ministerio del Interior abonó seis millones de euros para instalar un radar del SIVE en el Mirador del Río con el objetivo vigilar la costa norte de Lanzarote y acabar con el punto ciego que quedaba en esa zona. El plan y los aparatos —pese a la inversión realizada— se guardaron en un almacén: las protestas contra su ubicación, al considerar que se atentaba contra el patrimonio de la isla, impidieron el desarrollo del proyecto.
19 millones de euros
El mal estado de los radares, cámaras y pantallas del SIVE en Lanzarota choca con una noticia si se escarba un poco en la hemeroteca: el año pasado, en septiembre de 2022, la empresa Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) fue la adjudicataria del mantenimiento de toda la estructura en Las Palmas —además de otros lotes en el Estrecho, Levante y Zona Sureste de la Penínusla—. El contrato ascendía a 19 millones de euros. Esa misma compañía ganó un contrato de 36 millones de euros para fabricar en dos meses 5.000 respiradores licitado por el Ministerio de Sanidad durante el covid19.
Cuestionada por esta realidad, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) recuerda que "llevamos años denunciando la falta de personal y de material en Canarias" para hacer frente al fenómeno migratorio. "Hace unos años", subrayan, "había que realizar un informe diario sobre la llegada de pateras o cayucos a islas como Lanzarote y Fuerteventura que incluyera el estado real del SIVE. Se enviaba todos los días a Las Palmas de Gran Canaria. Se advertía que el sistema no era infalible, que el sistema no funcionaba. Y pese a eso se buscaban responsables humanos cuando no se localizaba a una patera. Pero eso ahora ya no sucede. ¿Por qué no interesa?".
"¿Otro 'caso Cuarteles'?"
"¿Estamos ante otro caso Cuarteles, con obras que no se hacían?" se preguntan desde la AUGC. "¿Es la misma jugada? Se pagan 19 millones de euros para el mantenimiento del SIVE y no funciona. ¿No le interesa a nadie?".
La asociación del instituto armado, respecto a la situación del cuerpo en Lanzarote para hacer frente al repunte migratorio de la ruta canaria, también denuncia que "en Lanzarote hay 11 agentes en la patrulla fiscal". "Con ese número", argumentan, "es imposible controlar toda la costa de la isla. Además, dos de esos agentes están comisionados desde hace 10 años, algo totalmente ilegal".