El 20 de abril de 2020, un mes después de que el Gobierno de España decretara el Estado de Alarma, Central de Sanitary Traders Spain SL fue contratada el Ejecutivo canario para el suministro de material sanitario. El acuerdo establecía el pago de 1,3 millones de euros a cambio de 133.300 mascarillas quirúrgicas, 133.300 mascarillas FFP2 y 133.300 batas impermeables y antibacterias. Hasta ahí, todo en orden. Lo singular del caso es que la empresa se constituyó 24 horas despues de obtener el visto bueno de la administración que presidía Ángel Víctor Torres.
El registro de Central de Sanitary Traders Spain SL, como adelantó este lunes El Español y ha podido confirmar este periódico, aparece en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del 18 de mayo —documento en el que la propia sociedad informa que comenzó a operar el 21 de de abril de 2020—. En esa notación, Diego Luis Cruz de Mercadal aparece como administrador único de una compañía que tiene como sede el número 8 de la calle Pilarillo Seco y el objeto social la compraventa al mayor de material sanitario, mascarillas y respiradores. Comercio al por mayor de productos farmacéuticos.
Transparencia
La administración autonómica abonó los 1,3 millones de euros repartidos en varios pagos diferentes al trocear el primer contrato en cinco partes de 537.880 euros, 255.255 euros, 212.059 euros, 183.342 euros y 129.800 euros. El Ejecutivo regional, incluso, cambió la fecha de tres acuerdos —los fijó en tres días diferentes: 30 de junio, 4 de noviembre y 10 de diciembre de 2020— cuando en realidad todos tenían la misma matriz del 20 de abril.
El Servicio Canario de la Salud (SCS), ente público que firmó el acuerdo con Central de Sanitary Traders Spain SL, aclaró el 4 de enero de 2023 —en una respuesta tras información solicitada al Portal de Transparencia, documento al que ha tenido acceso este periódico— que no se pagó por adelantado a la compañía, que ninguno de los lotes adquiridos a la firma fue desestimado y que el material fue repartido a todos los centros sanitarios del Archipiélago.
Renuncia
Este lunes, Matilde Asián, consejera de Hacienda del Ejecutivo canario, informó que las Islas renunciarán a los 10 millones de euros de fondos europeos con los que se cofinanció la compra de mascarillas que afectan al caso Koldo. La consejera ha indicado que ha "descertificado" estos fondos porque "nos complicaría la situación frente a las autoridades europeas".