Sí se puede e Izquierda Unida Canaria (IUC) han pedido este lunes la renuncia de Mari Brito, alcaldesa de Candelaria y presidenta de la Fecam, ante la inminente apertura del juicio oral por los vertidos en el Polígono de Güímar.
También los exalcades Gumersindo García (alcalde de Candelaria 2001-2015, PSOE), Carmen Luisa Castro (alcaldesa de Güímar 2013-2019, PP) y José Juan Lemes (exalcalde de Arafo 2011-2019, PP y luego CC) serán procesados por la comisión de presuntos delitos contra el medio ambiente.
Los partidos
Ambas organizaciones están personadas como acusación popular, según el comunicado "para dar continuidad a su papel en el freno al mayor atentado medioambiental contra el litoral de Tenerife, que se convirtió en un asunto judicial tras la presentación de una denuncia conjunta por parte de concejales de estas organizaciones en los ayuntamientos de Candelaria, Güímar y Arafo en 2017" contra los alcaldes de estos municipios por presuntos delitos continuados contra el medio ambiente y prevaricación en la gestión de los vertidos de aguas residuales al mar en este polígono durante décadas, dice la nota.
El auto establece que estos alcaldes, "de forma consciente y voluntaria", omitieron desde el verano de 2013 las actuaciones administrativas para controlar y legalizar los vertidos de aguas residuales, algo que sí acometieron después de que se abriera la causa penal, a partir de la denuncia presentada por Sí se puede e IUC.
Apertura del juicio oral
Tras la desestimación de los recursos, solo queda la apertura del juicio oral, un momento decisivo, y, en el juicio, se establecerán finalmente los hechos y las responsabilidades penales.
En cuanto a la calificación de los hechos, asegura el comunicado, quedó establecido en el auto de procesamiento que se ha quebrantado la legislación medioambiental, que las instalaciones del polígono estaban obsoletas y carecen de mantenimiento y que no existe rastro de vida en el litoral del polígono.
Un desierto
“Convirtieron en un desierto el litoral del valle de Güímar al permitir durante decenas de años los vertidos industriales descontrolados. El daño ambiental causado es equivalente y tan grave como las extracciones de áridos en los barrancos de Güímar, por eso teníamos que exigir responsabilidades. Tenemos que recordar que, en este asunto, todas las administraciones han actuado de manera negligente”, afirma Lourdes Mondéjar, integrante de Sí se puede y, actualmente, concejala de la coalición Unidas Sí Podemos en el Ayuntamiento de Candelaria.
El coordinador de IUC en Tenerife, Ramón Trujillo, destaca que “llegamos al momento de la verdad; ahora podremos ofrecer al tribunal toda la información que sostiene nuestra denuncia y confiamos en que, a partir de este juicio, se establezcan medidas para reparar el daño causado y sirva de ejemplo para todos los ayuntamientos de Canarias sobre su responsabilidad en el control de los vertidos de aguas sin depurar al mar, que atentan contra el medioambiente y contra la salud de las personas”.