La dimisión de Conrado Domínguez como director del Servicio de Canario de la Salud (SCS) es la última salida de una larga serie que comenzó en 2017 y que ya acumula más de 20 salidas de altos cargos, sin contar las que corresponden al cambio de gobierno, lo que eleva la cifra a más de 25. Ya sea por razones políticas o por el 'caso Mascarillas', la inestabilidad es la norma en los últimmos años en el departamento.
El SCS es el pilar más importante de la administración pública canaria. Su presupuesto para 2022 es de 3.461 millones de euros, más que ningún otro organismo y más de un tercio del total del gasto de la comunidad. Sin embargo, su gestión ha estado marcada por la inestabilidad en los últimos años.
Cuatro directores esta legislatura
En la actual legislatura ya ha habido tres directores del SCS y habrá un cuarto a partir de la semana que viene, cuando el Gobierno tiene previsto nombrar a quien sustituya a Domínguez. La primera en ocupar el cargo fue Blanca Méndez, destituida en marzo de 2020. Le sustituyó Alberto Pazos, que aguantó hasta septiembre de ese mismo año.
En total, según recoge el Gobierno en su portal de transparencia, ha habido nueve salidas. Pero ese listado está actualizado hasta el 10 de febrero de 2021, por lo que no incluye, como mínimo, a Ana María Pérez, ex directora general de Recursos Económicos, y Conrado Domínguez, ambos investigados en el 'caso Mascarillas'.
En la anterior legislatura también hubo mucha inestabilidad en la gerencia sanitaria del Archipiélago, sobre todo por la ruptura del pacto de gobierno entre Coalición Canaria y el PSOE provocó el cambio de nueve altos cargos a comienzos de 2017 —reparto acordado 2015, el PSOE se había quedado con la Consejería de Sanidad—. Si se suman los ceses tras el cambio Gobierno, las salidas superan las 25.
Domínguez cobrará una indemnización
El SCS ya ha tenido que pagar 53.000 euros en indemnizaciones a altos cargos esta legislatura. Esa cifra no incluye las indemnizaciones a Pérez y Domínguez. El ya exdirector podrá cobrar la indemnización, algo que no hizo en 2020 cuando fue cesado del cargo de secretario general técnico de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda.
La norma que regula las indemnizaciones de los altos cargos del Gobierno de Canarias es un acuerdo de 1991 que establece que percibirán "una mensualidad de sus haberes" y la "parte proporcional de las vacaciones y paga extraordinaria devengada y no percibida". "A los efectos anteriores, es indiferente que el cese se produzca a petición propia o por imposición", recoge el acuerdo.
Impone dos limitaciones: el alto cargo cesado no puede ser nombrado para el desempeño de otro alto cargo en el siguiente mes y solo tiene derecho a una indemnización en un mismo ejercicio presupuestario. La primera limitación impidió que Conrado Domínguez cobrara indemnización en septiembre de 2020, cuando pasó a la Consejería de Sanidad para dirigir el SCS. Y la limitación de entonces provoca que tras su reciente cese no se aplique otra norma de 2013, que amplió la limitación a una indemnización por legislatura.