90 millones sin ejecutar —euro arriba, euro abajo—. Un 2,6 % de la cantidad presupuestada —casi dos puntos más de la cifra reconocida por el Gobierno del Pacto de las Flores—. Esa es la foto fija que deja el Informe de Cuentas del Servicio Canario de la Salud (SCS) correspondiente a 2022, un documento en el que aparecen como gasto pendiente partidas correspondientes a un proyecto para personal sobre la lucha contra la violencia de género, un programa de empleo para rastreadores —en colaboración con el SEPE—, planes para la prevención del cáncer —en este caso, de cérvix y colorrectal— o la implantación de la historia clínica digital —idea que será realidad este año, según anunció Fernando Clavijo este martes durante el Debate sobre el Estado de la Nacionalidad Canaria—.
Del total que quedó sin ejecutar —bajo la gestión de Blas Trujillo como consejero y de Conrado Domínguez como director del SCS—, tres corresponden a la puesta en marcha de un programa descrito en la ficha como Isohce-Modelo HCE Estándar, Interoperable y Multiregional. O lo que es lo mismo, un proyecto de innovación sanitaria y compra pública sobre historia clínica que Canarias y Castilla-La Mancha iban a desarrollar de manera conjunta y que el Archipiélago, como explicó el presidente del Gobierno, implantará a lo largo de este año para dotar a cada paciente de un fichero con una visión de conjunto. Como agente financiador, en 2022, figuraba el Ministerio de Educación y Ciencia a través de fondos Feder. Esa partida tampoco se movió a lo largo de 2023.
COVID19 y violencia de género
En la lista de gastos pendientes aparece el programa que el SCS puso en marcha, junto al SEPE, para incorporar rastreadores tras la irrupción de la pandemia provocada por el COVID19. El proyecto disponía de un presupuesto de casi 1,3 millones de euros, cantidad de la que quedaron por ejecutar 316.365,25 euros. El nivel de actuación del plan, desarrollado en una academia, tampoco ha progresado durante los años posteriores.
El propio Gobierno de Canarias dotó al SCS de casi medio millón de euros (439.000) para un programa para formar a los trabajadores de la sanidad pública de las Islas en la lucha contra la violencia de género. No se ejecutó ni un solo céntimo de ese proyecto. De los casi 800.000 euros previstos para la prevención del cáncer de cérvix y cancer colorrectal, por el camino quedaron unos 675.000 que —como el resto del dinero— se desviaron al año posterior.
Reclamación del Gobierno de Ayuso
Ese movimiento, proyectar los gastos a corto-medio plazo, tampoco garantizó la ejecución del dinero. Un caso destacado lo ilustra el Sistema de Diagnóstico y Detección del Virus del Zika —patógeno transmitido por mosquitos que provoca malformaciones en los fetos—. Para el desarrollo de ese programa, trabajo a realizar de manera conjunta con la Comunidad de Madrid, el SCS contaba 1,2 millones de euros. La alianza, al final, no prosperó y las dos autonomías perdieron en total algo más de dos millones al no justificar Canarias su parte de la subvención —otorgada por el Ministerio de Educación y Ciencia—.
Ese error de la sanida pública de las Islas ha provocado que el gobierno de la región que preside Isabel Díaz Ayuso reclame al canario una indemnización por daños y perjuicios. Se da la circunstancia que Canarias detectó ejemplares del mosquito que transmite el virus del zika en diciembre pasado en varios puntos de Las Palmas de Gran Canaria y en varios puntos de Tenerife.