El Gobierno del Cabildo de Fuerteventura comenzó a vivir a finales de 2022 un momento de convulsión política que no ha acabado. El presidente de la Corporación Insular, Sergio Lloret, cesaba en ese momento a los siete consejeros de Coalición Canaria (CC) por discrepancias en diferentes consejos de gobierno que para él fueron "deslealtades". Días más tarde, los cuatro miembros del Ejecutivo del Partido Popular (PP) decidían marcharse por su propio pie dejando a Lloret y Juan Nicolás Cabrera —ambos de Asambleas Municipales de Fuerteventura (AMF)— en absoluta minoría.
El proyecto Dreamland también ha agitado la política majorera. Desde un Pleno en el que se aprobó su Interés Insular con el voto en contra de CC y PP unido a protestas ciudadanas hasta la posible marcha del Hollywood canario a Gran Canaria como anunció Newport, la empresa promotora. Sergio Lloret ha concedido una entrevista a Atlántico Hoy en la que hace un análisis de lo vivido en un mandato que comenzó en 2021. A pesar de las vicisitudes a las que se une la escasez de agua en tres municipios, Lloret lo tiene claro: "Nunca me planteé dimitir".
[Pregunta] A algo más de un mes para las elecciones, ¿cómo enfrenta las urnas? ¿Se ve con posibilidades de revalidar el cargo?
[Respuesta] A poco menos de un mes para la convocatoria de la campaña formal, todos los partidos están diseñando sus campañas electorales. A mí me toca ir compaginando las labores propias de la campaña con las funciones del gobierno del Cabildo Insular. Las sensaciones que estamos percibiendo de los contactos que tenemos con la población de la Isla son bastante buenas. Y en algunos casos hasta incluso nos agradecen el esfuerzo que se ha hecho en aspectos importantes tras décadas abandonados y que se había mirado hacia otro lado.
Las infraestructuras sociosanitarias, las carreteras y, sobre todo, aunque parezca mentira que tengamos que decir esto, el mayor problema que tenemos en la Isla ahora mismo es garantizar el suministro de agua potable a la población. Nos ha tocado hacer en dos años lo que otros no hicieron en más de 20. Afortunadamente tenemos ya definida la solución y la estamos ejecutando.
¿Cómo le ha sentado que Newport haya puesto la vista en Gran Canaria para llevar a cabo Dreamland?
Como majorero creo que estábamos solos. Fuerteventura había sido la isla y este grupo promotor de la iniciativa había mirado en primera instancia a la isla para desarrollar el proyecto. Lamentablemente, las dificultades que algunos grupos políticos han puesto han generando dudas. En lugar de actuar con transparencia, con responsabilidad y sentarnos a buscar las mejores soluciones para que se desarrollara en Fuerteventura. Pues lógicamente, los grupos empresariales cuando ven dudas buscan otras alternativas. Donde estábamos solos, ahora compiten Tenerife y Gran Canaria por desarrollar este proyecto en sus islas. Es curioso, y yo creo que es lo que tenía que haber pasado en Fuerteventura, cómo están consiguiendo casi la unanimidad política para que se desarrolle en esas islas.
Creo que eso es lo que teníamos que haber hecho en Fuerteventura. Y mira que hemos sido responsables y prudentes con esta actuación desde el principio. Yo mismo manifesté que no veía claro el documento inicial que se propuso y que había que mejorar las alternativas. Se sometió a consideración del órgano ambiental antes de dar un gran paso como este y nos dio la razón, que había que mejorar y complementar las alternativas. Cuando el documento tenía todo el contenido y se había dado respuesta al requerimiento del órgano ambiental no quedaba otra que someterlo a la consideración del Pleno. Se desarrolló un trámite que se puede hacer porque la Ley del Suelo que aprobaron Coalición Canaria y Partido Popular en la legislatura pasada es lo que lo permite. Me ha sorprendido cómo algunos tiraban la piedra y escondían la mano. Mario Cabrera y Lola García levantaron la mano para aprobar esa Ley y después cuestionaban su aplicación.
¿Y la postura de Coalición Canaria y Partido Popular?
Sobre todo sí que me sorprendió la postura de Coalición Canaria y Partido Popular votando no a Dreamland en ese pleno. Que si esa votación, que tuvo que salir adelante con el voto de calidad del presidente porque hubo un empate matemático, llega a salir adelante, se habrían acabado las posibilidades de Fuerteventura. Yo como majorero quiero otra localización, pero tenemos que iniciar el procedimiento porque sobre lo único que se pronunció el Pleno y lo que se aprobó fue reconocer que a esta actividad audiovisual se le reconoce el carácter de Interés Insular para Fuerteventura. Y en la tramitación no se ha elegido ninguna localización por más que se haya querido contaminar respecto a este asunto.
El procedimiento sigue abierto. Yo no tengo constancia de que el grupo promotor haya desistido de su iniciativa en Fuerteventura. Nosotros hemos realizado ya la declaración de interés público y social en ese pleno polémico de noviembre y hemos hecho ya todas las consultas públicas y los informes sectoriales. Ahora toca seguir avanzando. Yo haría un llamamiento a la responsabilidad política, agradezco la que sí tuvieron el partido socialista y los consejeros del Grupo Mixto, Andrés Brianzuela; la consejera Sandra Domínguez; y Asambleas Municipales de Fuerteventura para iniciar el procedimiento que permitía intentar que no se vuelva a escapar una oportunidad para Fuerteventura. Garantizando el respeto al territorio, al medioambiente y el consenso social. Esperemos que no se nos adelanten otras islas.
Han sido dos años de legislatura muy convulsos a nivel político. ¿Se planteó dimitir en algún momento?
No, yo dimitir no. He estado actuando en todo momento con responsabilidad y seriedad en la función de presidente del Gobierno de Fuerteventura. Actuando siempre con claridad, asumiendo los retos y las obligaciones que otros no habían querido asumir durante más de 20 años. Igual ese ha sido el problema. Dije con claridad que lo que sí era intolerable eran deslealtades dentro del Gobierno y dentro del bloqueo continuo, votaciones en contra en el Consejo de Gobierno cuando llevábamos año y medio trabajando en expedientes que tenían consenso absoluto en la mayoría de gobierno. Eso era completamente inadmisible y me vi obligado a cesar. No eran todos, pero algunos consejeros de Coalición Canaria habían recibido la orden del partido para intentar bloquear iniciativas de las áreas que gestionaba este presidente.
Yo también gestionaba áreas completamente transversales, para resolver problemas en nuestra isla, y era completamente inadmisible la actuación que se estaba dando, debí tomar esa decisión. Después se vio, al PP le ofrecí que siguiera gobernando, que asumiera más responsabilidad de gobierno. Pero se ve que con esa orden que le dio CC, ese pacto que tiene con Coalición Canaria, prefirieron saltar del barco e intentar hundirlo. Me parece una verdadera irresponsabilidad. Nunca me planteé dimitir, porque cuando se asume un compromiso hay que mantenerlo. Nos ha costado más a Juan Nicolás [Cabrera], a mí y al equipo del gabinete. Tengo que agradecer la cooperación y responsabilidad con la que han actuado los funcionarios de la institución que sí que han antepuesto su obligación como funcionarios a cualquier tipo de estrategia política como debe ser.
Hemos seguido navegando con más dificultades, quitándole más horas al sueño para seguir trabajando por el bien de Fuerteventura y los resultados yo creo que son, por lo menos, para ganarnos la confianza de la población de la Isla asumiendo retos que no habían asumido otros. Teniendo una Fuerteventura mejor después de estos años difíciles en plena pandemia. Sobre todo resolviendo los problemas de nuestra gente, generar bienestar, oportunidades, esperanza y prosperidad a Fuerteventura. Siempre por delante de cualquier estrategia o interés político.
Visto desde fuera, puede parecer extraño que dos personas puedan tomar decisiones en un Ejecutivo. Si hubiera discrepancias en un Consejo de Gobierno, ¿cómo se desempata?
Pues si hubiera discrepancias en el Consejo de Gobierno… Sobre eso se ha debatido ampliamente, vamos a salir todos juristas de esta legislatura. De esta situación inusual que no propicié yo, que la propició el Partido Popular cuando saltó del barco a esas órdenes. Lo cual me parece una verdadera irresponsabilidad. Quien quiere gobernar y quien quiere formar parte del Gobierno de la Isla de Fuerteventura, que haga actuaciones como esas… Porque no hubo discrepancias con el PP en la gestión de gobierno. Pero bueno, cada uno toma sus decisiones y cuando nos vimos en esa situación lo que hicimos fue pedir los informes jurídicos correspondientes pare ver si era posible seguir navegando en esa situación. Que no era la deseable, que no ha sido fácil y nos ha exigido a todos un sobreesfuerzo.
Les agradezco el compromiso de Juan Nicolás Cabrera y la de los funcionarios de la institución insular. Pero es la situación en la que nos hemos encontrado provocada por el PP y esa estrategia con CC. Con los informes jurídicos que sí han dado viabilidad para continuar de este modo hemos seguido trabajando intensamente para resolver los problemas de la Isla.
¿Considera exagerado interpretar como una amenaza la providencia que envió en enero al secretario del Cabildo de Fuerteventura?
Yo tuve una conversación con el secretario previa, cuando el primer informe en el que los servicios jurídicos apuntaban sobre la posible, incluso, vicio de nulidad del artículo 42.2. del Reglamento donde se establece ese quórum mínimo de tres miembros en segunda convocatoria, no en primera. Según su interpretación, la fijación de los quórum mínimos corresponde a la legislación básica estatal y no a un reglamento de una institución. Ni siquiera la legislación autonómica, que no dice nada al respecto. Tuve una conversación con él, le pedí que le echara un vistazo a esa situación. Yo no le encargué ningún informe al respecto. Ni de eso ni de lo demás. Y él, bajo su cuenta y riesgo emitió un informe que yo no le había solicitado y que comenzaba diciendo que se lo había encargado verbalmente. Entonces, le emití una providencia pidiéndole que por favor aclarara esa circunstancia porque yo no le había solicitado ese informe. Le pedí que analizara, que le echara un vistazo y así quedamos.
Yo entiendo que cuando CC y PP montan toda esa estrategia, desde Coalición le imponen al PP que salte del barco para intentar hundirlo fundamentado en esa interpretación jurídica, que yo no voy a entrar en la interpretación que ellos quieran hacer. Y cuando ven que no les sale se quedan desconcertados y después tratan de enredar. Que si el presidente amenaza… Yo no amenazo. Además, el secretario me contestó por escrito que efectivamente yo no le había solicitado ese informe, se aclaró esa circunstancia. Y yo lo he dicho públicamente también en algún pleno y en una reunión que tuve con él, que respeto la opinión de distintos funcionarios, del secretario del Cabildo de Fuerteventura también. Pero en este caso la Ley no le da las competencias para opinar sobre este asunto, se las da a los servicios jurídicos de la institución, así lo establece la Ley de Grandes Ciudades. Es a quien yo encargué el informe para saber cómo tenía que interpretar la situación del Consejo de Gobierno. Yo no le encargué caprichosamente ese informe jurídico a quien yo quise, se lo encargué al órgano que dice la Ley que debe asesorar al Consejo de Gobierno. La oposición está queriendo buscar polémica donde no la hay en absoluto.
¿Cuál es su relación con el PSOE majorero?
Yo tengo que decir que la relación de Asambleas Municipales de Fuerteventura con todos los grupos políticos en la Isla es buena. Nunca he dicho que tuviera problemas con el partido socialista, algunas diferencias en cuanto a cómo se estaban gestionando algunas cuestiones por el presidente Blas Acosta. Pero para mí eso está ya más que olvidado. Él decidió cesarnos y mí no me escucharon en ese momento arrojar ninguna carajera. Buscó después la estabilidad que tuvo que darse, se dieron unas circunstancias y nosotros respetamos completamente ese acuerdo. Tal es así que en Pájara se cumplió el acuerdo. No se cumplió el acuerdo que había suscrito el PP en Tuineje con la incorporación de CC. Cumplimos en el Cabildo, pero lo que sí que no podíamos tolerar eran deslealtades de algunos consejeros de CC en el seno de Gobierno. Hicimos todo lo posible por mantener el acuerdo, pero todo tiene sus límites también en la gestión de una institución pública.
El pasado viernes, Blas Acosta le pidió (cito textualmente) que “espabilara” y dijera dónde pueden instalar Dreamland. ¿Le sorprendieron estas declaraciones?
Yo respeto la opinión que él pueda tener, pero yo tengo que respetar un procedimiento que está reglado. El dónde hay que instalar el proyecto Dreamland no es una cuestión que tengamos que decir los políticos ni los representantes de las instituciones. Hay un procedimiento que está en marcha, donde se ha sometido a información pública. He actuado con total transparencia porque convoqué una reunión abierta completamente para dar explicaciones, para descontaminar lo mucho que se había contaminado sobre este asunto. Se hablaba que si estaba en las Dunas, que si ya se había aprobado la localización. Todo mentira, está completamente abierto. Hemos escuchado a la sociedad de la Isla que es lo que corresponde hacer.
Están todos los informes sectoriales, ahora toca darle traslado al órgano ambiental de Fuerteventura, que será otra decisión fundamental la que tome este órgano independiente y autónomo, yo no le puedo decir qué decisión debe tomar, hará su pronunciamiento. Y con todos esos ingredientes venía lo que decía al principio, si hay una solución donde haya consenso social, porque es uno de los factores que hay que tener en cuenta. Y que el promotor tenga capacidad para desarrollarla, porque es una iniciativa privada y debe tener un derecho sobre el suelo. Creo que se está actuando con toda la diligencia que corresponde en este expediente.
De cara a las próximas elecciones, ¿si dieran los números volvería a pactar con Coalición Canaria y Partido Popular?
No son decisiones que se puedan tomar ahora. Yo lo que he dicho es que no he tenido problemas de gobierno con el Partido Popular. Tampoco los tuve con el partido socialista, a pesar de las diferencias que se hicieron públicas en su momento. A nosotros nos cesaron y lo acatamos. Respetamos las decisiones de quien está al mando. A mí me tocó tomar una decisión por la actitud de algunos consejeros en algunas áreas totalmente transversales que afectaban al funcionamiento de la institución insular y a resolver los problemas de la isla de Fuerteventura. Tuve que hacerlo, hice públicas las explicaciones. Los intereses de Fuerteventura están por encima de todo. Ahora nos enfrentamos todos a las elecciones y no toca hablar de pactos. Lo que toca es que todos los partidos políticos tratarán de tener el mejor resultado posible y nosotros también.
La escasez de agua está siendo un serio problema en Fuerteventura. Usted dijo la semana pasada en declaraciones a este periódico que el sistema está diseñado desde hace cuarenta años para una isla con 30.000 habitantes y 10.000 turistas, pero que ahora hay 175.000 personas. ¿Se han planteado limitar la llegada de turistas?
Yo creo que del hecho de que Coalición Canaria, durante más de dos décadas, no se haya ocupado del problema del agua, no puede concluirse que ahora la solución es limitar el progreso de Fuerteventura. Ese es otro debate porque es verdad que tenemos que apostar mucho más por la calidad que por la cantidad de turistas. Pero no creo que la solución al problema del agua sea coartar el progreso de Fuerteventura ni mucho menos. La solución al problema del agua es diseñar un nuevo sistema de abastecimiento de agua potable. Que ya está definido, que está contratándose el proyecto con esos tres proyectos de interés insular. En total, unos 170 millones de euros unidos a los 25 millones que ya hemos ejecutados.
Y otras que tenemos previstas al margen de ese proyecto de interés insular hasta completar los 240 millones de euros de inversión en materia hidráulica para renovar el sistema de abastecimiento de agua potable en Fuerteventura, la ampliación de las desaladoras, la nueva desaladora de la comarca sur… Eso es lo que hay que hacer para garantizar el abastecimiento de agua en la Isla. He dicho en varias ocasiones que Coalición Canaria, Lola Cabrera y Mario García le deberían pedir disculpas a Fuerteventura por haber mirado durante más de 20 años hacia otro lado. Por no haber afrontado un problema esencial como es garantizar el suministro de agua potable en la Isla. Y nos está tocando a nosotros hacer en dos años lo que CC no hizo en 20.
¿Cómo valora la propuesta del Gobierno de demoler el Hotel Riu en las Dunas de Corralejo?
Nosotros siempre nos hemos opuesto con firmeza. Siempre he trasladado un mensaje tanto al Ministerio, como al Gobierno de Canarias, como a la propia empresa RIU, de que el Cabildo de Fuerteventura en lo que tuviera que intervenir o mediar o participar para buscar alternativas de futuro siempre estaremos predispuestos, sabiendo que esos hoteles están en un entorno ambiental muy sensible. Pero que siempre tiene que estar la alternativa ejecutada o resuelta antes de tomar una decisión drástica como esta y lo que queremos es que se cumplan las concesiones que se otorgaron como así determinó el Consejo de Estado en su dictamen jurídico, donde se pretendió la revisión de oficio de las concesiones.
Que se cumpla con la concesión vigente porque no es el momento al estar saliendo de la pandemia y que estamos trabajando por la recuperación económica de jugar con el empleo de las familias directas e indirectas. Que afecta no solo al municipio de La Oliva, sino a toda la Isla en su recuperación económica. No se puede estar jugando en Madrid a las ideologías políticas. Porque yo creo esa es la cuestión de fondo, que es una cuestión ideológica de un sector que pueda estar en contra de la Ley de Costas que aprobó el Partido Popular. Si no están de acuerdo con esa ley que la cambien, porque no he visto ninguna iniciativa para cambiarla. Y si hay algún incumplimiento de la concesión, que se exija a la empresa el cumplimiento de la misma. Que se impongan las sanciones que correspondan, pero de ahí a caducar las licencias y las concesiones me parece que es una actitud que no es procedente en estos momentos. Y más cuando desde enero las competencias de costas las tiene el Gobierno de Canarias.