El pleno del Senado ha aprobado este martes de forma unánime, con los votos a favor de los 259 senadores presentes, la creación de una comisión de investigación por el caso Koldo, que fue propuesta por el PP y a la que se ha sumado toda la oposición en la cámara.
La comisión de investigación, que se constituirá en las próximas semanas, se ceñirá a los contratos públicos durante la pandemia en los que intermedió Koldo García Izaguirre, exasesor del Ministerio de Transportes, aunque puede incorporar otros posibles casos de corrupción, si se derivan de la operación policial Delorme.
Ampliar a todos los contratos
Fuentes del PP han indicado a Efe que la comisión no tiene fecha aún para su constitución, pero que no será esta semana, sino a partir de, como pronto, la próxima, mientras que tampoco tendrá límite de tiempo para su finalización, salvo la disolución de las Cortes. Esta comisión trabajará "hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga y le pese a quien le pese", ha advertido el senador del PP Luis Santamaría, quien ha defendido su creación durante el debate en el pleno, celebrado unas horas antes de la votación.
Aunque han votado a favor de la comisión, el PSOE y sus socios parlamentarios han pedido que la investigación se amplíe a todos los contratos públicos de material sanitario durante la pandemia de COVID-19, justo cuando se cumplen cuatro años del confinamiento, y han afeado al PP sus casos del corrupción del pasado.
Citados
El PP no ha desvelado a quiénes citará para comparecer en la comisión, mientras su portavoz en el Senado, Alicia García, ha reiterado que no descartan "a nadie". Ha señalado a varios miembros del Gobierno como responsables, como la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero; el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska; y el de Transportes, Óscar Puente.
También cabe la opción de citar a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, por los contratos de material sanitario del Govern balear cuando ella lo presidía. Armengol ha señalado este martes que "no tiene inconveniente en comparecer" si los servicios jurídicos del Congreso lo avalan. E incluso el PP podría citar a declarar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que ve como responsable último de la trama.