La Unión Europea está dispuesta a implementar en suelo comunitario el acuerdo internacional suscrito en la OCDE y G20 para gravar con un mínimo del 15% de impuesto de sociedades a las grandes multinacionales en todo el mundo. El Parlamento Europeo respalda la propuesta y existe la voluntad de crear una directiva para ello, originalmente antes del 31 de diciembre de 2022, aunque el propio Emmanuel Macron, actual presidente de Francia y del Consejo de la Unión Europea durante el primer semestre de 2022, ha reconocido que no prevé que esté lista antes de 2024.
La directiva, por tratar una cuestión fiscal en la que las competencias de los estados miembros están casi intactas, se debe tramitar por un procedimiento normativo especial, que implica que la iniciativa legislativa la tiene el Consejo de la Unión Europea y requiere de unanimidad de los estados miembros para salir adelante.
En el caso de que se apruebe dicha directiva, los países tendrán un plazo de dos años para transponerla. Las directivas indican a los estados objetivos, que no forma de aplicación, por lo que cada país podrá moldearlas a su propio ordenamiento jurídico. Este martes, el Senado aprobó una moción a instancias de Coalición Canaria para solicitar al Gobierno que interceda por el Archipiélago en Europa y pida la exención de Canarias de esta tributación mínima del 15% a sociedades por, según los nacionalistas, contravenir el REF.
Un "estado de alarma social"
La moción, que fue aprobada con más abstenciones que votos a favor, significa la creación de un "estado de alarma social" según el PSOE. Santiago Pérez, senador socialista por Canarias, explica la postura de su partido a Atlántico Hoy. "Lo están tratando como si fuese algo de inmediato cumplimiento cuando, ahora mismo, no es más que un informe consultivo", cuenta Pérez.
El PSOE se abstuvo en la votación, más por no figurar en la prensa como único votante en contra de una moción planteada en clave de "defensa del REF" que por pasividad al respecto. Pero los socialistas están en contra de hacer llegar a la Unión Europea las quejas de Coalición Canaria y Partido Popular en este preciso momento.
Varios países quieren vetar la directiva
Según Santiago Pérez, porque la cuestión, al exigir unanimidad, es delicada. Luxemburgo, Irlanda, Hungría y Malta están completamente en contra de este gravamen mínimo y tienen capacidad de veto. Estos países están en este debate "defendiéndose como gato panza arriba", según define Pérez, para evitar que la directiva se redacte.
"Al Gobierno de España le corresponde la política exterior y debe tener la capacidad para apreciar cuál es la frecuencia" y el momento en el que plantear la modulación de la hipotética directiva al REF, detalla Pérez. Y el momento idóneo para los socialistas es cuando se tenga que transponer la directiva.
Por varias razones. En primer lugar, porque creen que no conviene sentar un precedente en Europa que "dé ideas" a los países que no quieren implementar el gravamen mínimo. Por otro lado, porque, según Santiago Pérez, la legislación no contempla exenciones en el REF, sino adaptar las normas a sus peculiaridades. Algo que preocupa a Pérez especialmente es que, de exentarse la aplicación del impuesto de sociedades de un territorio, entonces las empresas tributarían según el tipo impositivo de sus respectivos países.
El PSOE promete adaptar la directiva
El PSOE promete adaptar la hipotética futura directiva a las peculiaridades del REF y como aval de su promesa presenta las acciones que el Gobierno de España ha llevado a cabo esta legislatura para ponerse al día con sus exigencias, como devolver el dinero del convenio de carreteras que quedó bloqueado en la época Rajoy o lograr una inversión estatal en Canarias por persona mayor a la media nacional, 393 euros frente a 303, respectivamente.
La adaptación al Régimen Económico Fiscal del impuesto mínimo de sociedades podría suponer, en el futuro, denuncias por incumplimiento desde otros países de la Unión Europea, reconoce Pérez. Pero esta modulación fiscal por la cuestión ultraperiférica está "respaldada por una amplia base jurídica", consagrada en la Constitución Española, el Estatuto de Autonomía de Canarias y el propio Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.