El administrador único de la empresa Sanitary Traders Spain ha defendido este martes que esta empresa ya estaba constituida cuando el gobierno de Ángel Víctor Torres le adjudicó un contrato de 1,3 millones para la compra de material sanitario. El contrato se produjo el 20 de abril, cuando España ya llevaba un mes sumida en el Estado de Alarma, sin embargo, el registro de Central de Sanitary Traders Spain SL no aparece en el registro mercantil hasta el 18 de mayo.
Diego Luis Cruz de Mercadal es el administrador única de esta empresa. Después de que este lunes se conociera que recibió el contrato sin estar registrada la empresa. Según ha trasladado a Efe, el registro no se produjo por el confinamiento. "En aquellos días todo estaba cerrado, los notarios, el Registro... todo. La empresa estaba constituida, teníamos incluso CIF. ¿Cómo, si no, íbamos a poder hacer un presupuesto? Fue el Registro el que se demoró en inscribirla. Eso fue lo que pasó", recoge la agencia.
Un pasado útil
En el propio registro se indica que la empresa se constituyó el 21 de abril, un día después de la adjudicaión del contrato. El empresario ha admitido que antes de la pandemia no se dedicaba a la comercialización de objetos sanitarios, sin embargo, argumenta que con 30 años de trayectoria de fabricación e importación desde China de sábanas y toallas para hoteles contaba con una red de contactos que puso a disposición del Servicio Canario de Salud.
El contrato que recibió Sanitary Traders Spain en plena pandemia se centraba en la adquisión de 133.300 mascarillas quirúrgicas, 133.300 mascarillas FFP2 y 133.300 batas impermeables. Mercadal iniste en que sus proveedores en Asia estaban reorientando su fabricación y que le suministraron "material de primera calidad".
Contrato fracturado
El empresario insiste en que no recibieron ningún adelanto por parte del gobierno de Torres. "Nos la jugamos con nuestro dinero, estoy seguro, incluso, de que nuestro margen fue el más bajo de todos los proveedores de aquellos momentos", insiste. El contrato se fracturó en cinco: 537.880 euros, 255.255 euros, 212.059 euros, 183.342 euros y 129.800 euros. El Ejecutivo regional, incluso, cambió la fecha de tres acuerdos —los fijó en tres días diferentes: 30 de junio, 4 de noviembre y 10 de diciembre de 2020, según ha podido saber Atlántico Hoy.
"No hemos he hecho nada malo. Al contrario, sé que ayudamos a salvar vidas", ha manifestado al ser contactado por Efe este empresario, que no figura en ninguna de las causas judiciales abiertas por sobre los suministros de la pandemia de la COVID-19. "Yo soy una persona creyente. Creo en Dios y en la justicia divina. Sé que si hubiera traído una porquería, me habrían pedido cuentas por ello. No fue así, en mi conciencia sé que ayudamos a salvar vidas", afirma el administrador de Sanitary Traders Spain.