El día que Conrado Domínguez declaró ante Javier Ródenas —fiscal Anticorrupción— por su presunta implicación en el caso Mascarillas, entre las muchas cuestiones que respondió durante sus dos horas y pico de comparecencia, en una justificó que su decisión de comprar a la empresa RR7 United SL un material concreto —un millón de cubrebocas FFP2 Dual del modelo 1860 N95 de 3M— estaba avalada por un informe de Juan Emilio Checa y Eva Elisa Álvarez, ambos técnicos del Servicio Canario de la Salud (SCS). Aquello sucedió el 6 de julio de 2022. Hoy, casi 15 meses después, la Consejería de Sanidad prefiere ocultar esa documentación. Interpelado a través del Portal de Transparencia, el organismo autonómico se niega a entregar un expediente que cataloga como "información auxiliar".
¿Qué argumentaban los dos técnicos, uno jefe servicio de la Unidad de Riesgos Laborales del SCS y otra jefa de servicio de Medicina Preventiva del Materno Insular, para comprar esas mascarillas? ¿Por qué daban por bueno el modelo 1860 N95 de 3M en ese momento? ¿Era la mejor opción que ofrecía el mercado para afrontar esos días de la pandemia? ¿Qué detalles técnicos las hacían aptas? ¿Se valoraba en ese expediente el precio que ofrecía RR7 United SL, cuatro euros por unidad para un total de cuatro millones de euros, por los cubrebocas?
Sin respuesta
Las respuestas a todas esas dudas, de momento, quedan sin responder por decisión de Sanidad, que tiró del artículo 43 de la ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y acceso a la información pública para denegar el acceso en base a seis posibles causas. En ningún momento, eso sí, la administración pública interfiere que el dosier no exista.
Entre los argumentos del SCS para la inadmisión de la pregunta figuran los que se refieren a que "la información que esté en curso de elaboración o de publicación general"; "que tenga carácter auxiliar o de apoyo"; "para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración"; "dirigidas a un órgano en cuyo poder no obre la información"; "que sean manifiestamente repetitivas o tengan un carácter abusivo no justificado"; o "que afecten a una pluralidad de personas cuyos datos personales pudieran revelarse con el acceso a la petición".
Audio en sede judicial
Durante el interrogatorio al que le somete Ródenas en julio del año pasado, Conrado Domínguez sí aporta un audio de WhatsApp eviado por Juan Emilio Checa en el que éste argumenta la idoneidad de las mascarillas de 3M modelo 1860 N95. "Son la bomba", apunta, "porque sirven tanto como equipo de protección como material quirúrgico. Tienen un grado de filtración del 95% para proteger frente a partículas y a bacterias. Al ser dual resisten a fluidos o salpicaduras. Y también se pueden utilizar en quirófano porque no hace falta una segunda mascarilla para proteger el campo quirúrgico".
En esa misma comparecencia en sede judicial, Conrado Domínguez admitió que "a final de marzo o principio de abril" de 2020 tuvo conocimiento, por parte de un director técnico de 3M, que toda la producción del material sanitario de esa empresa sólo se comercializaría en Estados Unidos por orden de la Administración Trump. Ante esa aportación, Ródenas le espetó que entonces "no venía de nuevas" semanas después cuando dio la orden de comprar ese material.
Director del SCS con dos presidentes
Conrado Domínguez, que ante Francisco Javier García García-Sotoca —juez instructor de la causa antes de que pasara a la Fiscalía Europea— se agarró unos meses después a ese mismo informe de los dos técnicos del SCS para dar el visto bueno a la adquisición de un millón de mascarillas del modelo 1860 N95 de 3M, fue el profesional elegido por Ángel Víctor Torres como coordinador del comité de gestión de la crisis sanitaria provocada por el covid-19 —con poder ejecutivo sobre el equipo de la Consejería de Sanidad— y luego designado director del SCS. Dimitió de este último cargo, que ya había ocupado antes con Fernando Clavijo en la presidencia del Gobierno autonómico, el 4 de noviembre de 2022.