El Consejo de Ministros ha aprobado y publicado en el Boletín Oficial del Estado de este sábado una modificación a la disposición final cuarta del Real Decreto 6/2022, que daba vía libre a la instalación de regasificadoras en Canarias.
En este decreto, tal y como estaba redactado inicialmente, se eliminaba la autorización administrativa previa para las instalaciones de regasificación que tuvieran como destino principal la alimentación de gas natural en estado gaseoso a centrales térmicas.
En un comunicado, el Gobierno de Canarias recalca que la administración central, y en concreto la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, "cumple con el compromiso adquirido" para modificar el texto, y que la comunidad autónoma "tendrá la competencia para la planificación del gas en las islas".
Canarias solicitó una modificación
El consejero regional del área, José Antonio Valbuena, señala que desde el Gobierno de Canarias se solicitó una modificación al texto por considerar que "en nuestra planificación energética no está contemplada ninguna forma de mercado gasista".
Valbuena aclara que para los usos que se puedan dar en las islas, "en ningún momento se vendería gas natural en estado gaseoso, ya que podría dar la sensación que dicha disposición final cuarta se imponía a la planificación elaborada en Canarias, lo que generaba cierta inseguridad".
Parecía que no se contemplaban las competencias canarias
También señala que las centrales térmicas funcionan en régimen de autoconsumo y no precisan de autorización administrativa, ya que la propia central transforma el gas suministrado en estado líquido al estado gaseoso para alimentar los grupos que generan la electricidad.
Así y todo, desde el Gobierno de Canarias se consideraba necesaria una modificación del texto, ya que con la redacción inicial "se podía interpretar que no se contemplaban las competencias de Canarias a la hora de diseñar su transición energética".
La nueva redacción resuelve la duda
"Con la nueva redacción queda claro que en todo momento se debe tener en cuenta el marco competencial de ambas administraciones, la estatal y la canaria, y, por lo tanto, ya no existe riesgo alguno de que se implante una regasificadora que abra la puerta a alguna forma de mercado gasista sin el visto bueno del Ejecutivo regional, que debe tenerlo contemplado en su planificación", asegura Valbuena.
Y en esa planificación elaborada por la Comunidad Autónoma "no se contempla esa posibilidad", por lo que "queda claro que no se podrá desarrollar la disposición final cuarta mientras no se modifique la planificación energética de Canarias", abunda el consejero.
Así pues, insiste en que con esta modificación "se elimina cualquier tipo de duda o incógnita que pudiera surgir sobre una posible modificación de los planes de transición energética que el Gobierno de Canarias ha trazado".