Sostenibilidad social y sostenibilidad ambiental, los dos puntos de partida del Gobierno de Canarias, han pasado por el pleno y han salido ganando pese a la oposición del Partido Popular y de Ciudadanos. El apoyo de los cuatro grupos del Pacto de las Flores y Coalición Canaria –gracias a una negociación de última hora– permitió la incorporación de la mayoría de enmiendas a la nueva legislación medioambiental. PP y Cs denunciaron la falta de diálogo del Ejecutivo y advirtieron de que esta normativa generará más burocracia, inseguridad jurídica y paralización económica.
Por otra parte, la ley de Renta de Ciudadanía –también aprobada– es otra de las grandes propuestas abordada por el Parlamento regional durante la mañana. El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, realzó la importancia capital de las dos leyes, con las que se cumple uno de los preceptos principales del nuevo Estatuto de Autonomía renovado en 2018. Tras la votación, el jefe del Ejecutivo autonómico recalcó que la sostenibilidad ambiental y social “son dos de los pilares fundamentales” en los que se asentó el actual Pacto de las Flores.
La leyes más importantes de la legislatura
Torres destaca que se trata de las dos leyes “más importantes de la legislatura, ya que es la primera vez que Canarias tiene una norma para luchar contra el Cambio Climático y para garantizar una renta a las personas o familias que más lo necesitan”. Según apuntó, además, se trata de normas “ampliamente demandadas y participadas por la sociedad, por lo que sólo puedo estar muy satisfecho por la aprobación de los dos textos en el Parlamento en este día”.
La del Cambio Climático busca avanzar en la reducción progresiva de la utilización de combustibles fósiles, en el uso racional de la energía, en el incremento de las energías renovables y en la adaptación a los efectos del cambio climático, entre otras finalidades. "Nos negamos a quedarnos quietos, el consenso por el consenso, no", dijo el diputado Luis Campos, de Nueva Canarias, para defender una ley con medidas efectivas contra el cambio climático que los grupos opositores pretendían transformar en "un manual de buenas intenciones" o dejarla en "cuestiones declarativas", una actitud que situó próxima al negacionismo.
Afrontar retos
El presidente considera que ese principio de la sostenibilidad ecológica y social resulta crucial en pro de una Canarias más equilibrada y que afronte retos como la pobreza o el cambio climático con las mejores herramientas posibles. Por eso, se muestra convencido de que la renta de la ciudadanía reforzará el escudo de protección a las familias más vulnerables del archipiélago, mientras que la Ley del Cambio Climático, la de mayor participación de la historia en las Islas y más exigente con los plazos y objetivos que la propia agenda sostenible de la ONU, resulta imprescindible para mitigar los efectos del innegable calentamiento global del planeta en un territorio insular y tan sensible como Canarias.
“Hay que preservar nuestra tierra y el planeta, y buscar la sostenibilidad social”, indicó el presidente, para el que el ingreso mínimo que se garantiza desde ahora con la renta de la ciudadanía de Canarias ofrece mucha más seguridad al estar amparado por una ley que engloba ayudas que han hecho una gran labor hasta ahora, como la Prestación Canaria de Inserción (PCI), o servir de complemento a las pensiones no contributivas y otras aportaciones de carácter social.
Para Torres, la Ley del Cambio Climático contribuirá a la conservación del Archipiélago con un texto que obliga a la sociedad, las empresas, administraciones y a cada individuo a modificar muchos hábitos y aportar todo lo posible por un futuro más equilibrado y ecológico, “por ejemplo, con un turismo sostenible”.
Una vida digna
“Hoy es un día histórico para Canarias. Hoy el derecho a una vida digna empieza a ser una realidad. Hoy nuestra tierra es un lugar más justo”. Con esta contundencia se manifestó la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, tras la aprobación hoy en sede parlamentaria del proyecto de Ley de Renta de Ciudadanía de Canarias.
La nueva ley, que consolida a Canarias como una de las pocas comunidades autónomas españolas que garantizan una renta mínima a la población más vulnerable socialmente, “supone un antes y un después en nuestra tierra en materia de derechos sociales”, aseguró la consejera quien recordó que “cuando asumimos la responsabilidad al frente del área de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, unas 5.500 personas eran beneficiarias de la Prestación Canaria de Inserción en Canarias; en la actualidad, son 11.924, una cifra que, sumada a las más de 20.000 personas que reciben el Ingreso Mínimo Vital, implica que el paraguas de protección de la Renta ciudadana podría llegar a más de 50.000 unidades de convivencia.