Román Rodríguez, vicepresidente y consejero de Hacienda del Gobierno de Canarias, ha afirmado que reducir el impuesto especial de carburantes no se traduciría en una bajada en el precio al consumidor. No solo eso, sino que afectaría a los ingresos de Canarias, que ya va a tener que hacer un ajuste presupuestario de 400 millones de euros por la inflación, según ha explicado el vicepresidente.
En cualquier caso, Rodríguez ha afirmado que, en el caso de que el Gobierno de España decidiera rebajar su Impuesto Especial de Hidrocarburos, el Gobierno de Canarias debería actuar en el mismo sentido para mantener el diferencial fiscal.
Sin IGIC en la gasolina
En Canarias, la administración autonómica recauda 26,5 céntimos por cada litro de gasolina en el impuesto especial de carburantes y el 68% de esa recaudación se devuelve a transportistas profesionales y agricultores, ha explicado el vicepresidente.
Además, en la Península se añade un 21% de IVA al precio del combustible, que en Canarias tiene el tipo 0 del IGIC.
El 96% de canarios no paga IGIC por electricidad
En cuanto a la electricidad, en Canarias se aplica el tipo 0 del IGIC a aquellos consumidores que tienen contratados menos de 10Kw, que son el 96% de los usuarios, y el resto paga el 3%.
En la Península, el IVA de la electricidad era del 21% y se ha bajado al 10%, pero eso "no ha servido de nada para contener la escalada de precios", sino "para engordar la cuenta de resultados de las compañías eléctricas", según Román Rodríguez.
Intervenir el mercado
Para el vicepresidente, la única forma de controlar el precio de la electricidad y los carburantes es interviniendo en los mercados, planteamiento que ya expresó en sede parlamentaria hace tres semanas. Esta intervención se llevaría a cabo con medidas como desacoplar el gas del cálculo de la factura eléctrica, establecer un tope para los precios energéticos o gravar impositivamente a las grandes multinacionales productoras de electricidad.
Reducir los impuestos que gravan la electricidad y el combustible en Canarias, en cambio, "no tendría impacto en el precio final que el consumidor paga por tales productos y sí repercutirá en los ingresos que la Comunidad Autónoma destina luego a la atención de la sanidad, la educación y los servicios sociales, y a ayudas a sectores productivos".
La culpa no es del gravamen
La fiscalidad en Canarias es "muy baja o inexistente" y el elevado precio no es por el impuesto, sino por el coste de las materias primas o la especulación.
"Por tanto, debemos enfocarnos en la raíz del problema en lugar de adoptar decisiones irresponsables que lo único que harían es minar la capacidad de la administración pública para atender los servicios públicos fundamentales y dar cobertura a aquellos que ahora precisamente peor lo están pasando por culpa de la inflación", sostiene.
Traslada la responsabilidad a España y la UE
El Gobierno de España y la Unión Europea son quienes tienen capacidad para adoptar medidas que amortigüen la escalada de precios y al respecto será decisivo el Consejo Europeo de los próximos días 24 y 25 de marzo, recordó Rodríguez.
Además, el Gobierno de España está diseñando un plan de respuesta que se aprobará en el Consejo de Ministros del día 29.
Medidas específicas parsa sectores afectados
Desde el Gobierno de Canarias, continuó Rodríguez, se ayudará a los sectores más afectados por estas subidas de precios, pero no a través de una bajada de impuestos, sino "con medidas específicas".
Las subidas de precios de los últimos meses afectan también a las administraciones públicas y el Gobierno canario tendrá que realizar un ajuste presupuestario de 400 millones de euros para afrontar los pagos a sus distintos proveedores, según dijo Rodríguez.
Esa circunstancia invalida, por "irresponsable y demagógica", cualquier propuesta de rebaja fiscal, puesto que recortaría aún más los ingresos públicos, "que son imprescindibles para atender, precisamente, las necesidades de los más afectados por la inflación", indicó.