El Gobierno de Canarias está tremendamente preocupado por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que anula la segunda adjudicación de la obra del anillo insular entre El Tanque y Santiago del Teide (Tenerife). Según ha explicado el consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez, en la rueda posterior al Consejo de Gobierno, “cuando las cosas se hacen de manera caprichosa, cuestan mucho dinero a los canarios y a las canarias”, en alusión a la decisión tomada por su antecesor en el cargo, Sebastián Franquis.
La sentencia todavía no es firme y la comunidad autónoma ya se ha planteado recurrir. “Cabe recurso de casación, pero no es sencillo. Nosotros hemos encargado a los servicios jurídicos tanto de la Consejería como del Gobierno de Canarias la posibilidad de recurrir. Independientemente de eso aparece como codemandado, la UTE FCC, por lo tanto también ellos pueden recurrir”, explicó Rodríguez a los periodistas desplazados hasta la sede de la Presidencia en Las Palmas de Gran Canaria.
Indemnizaciones
“Lo cierto es que, cuando la sentencia sea firme, va a provocar que tomemos decisiones importantes, es decir, por un lado si la sentencia sigue firme, quien hoy está ejecutando la obra no podría seguir a priori ejecutándola, y se va a tener que pagar indemnizaciones para unos u otros”, anunció el consejero
“Lo que quiero decir, es que va a llevar un sobrecoste muy importante a la obra, y todo por una decisión que no se ajustó a derecho, así lo establece el propio TSJC”, puntualizó Pablo Rodríguez.
Reflexión
Para el actual consejero de Obras Públicas, que además fue la persona que firmó el primer contrato y el que ahora la justicia considera como válido, “esto nos debe llevar a una reflexión. A veces hay decisiones que puedes tener mala suerte y otras que se hacen de manera caprichosa y le cuestan mucho dinero a los canarios y a las canarias, como es este caso”.
“Nosotros vamos a defender, como no puede ser de otra manera, el interés general y el interés general es, uno; finalizar esa obra cuanto antes, que no conlleve retraso en su ejecución. Dos; defender en este caso los recursos públicos, que le cueste lo menos posible al Gobierno de Canarias y en eso es en lo que vamos a trabajar a partir de ahora, sea firme la sentencia o la recurramos, el objetivo principal es finalizar la obra y que cueste lo menos posible”, insistió el nacionalista.
Casi cinco años
“También, luchar y trabajar de cara al futuro para que esto no vuelva a suceder, es decir, que los procedimientos sean lo más limpios posibles, lo más transparentes posible y que los recursos desde luego, no lleven a sentencias que van en contra del interés general”, concluyó Rodríguez.
La UTE FCC Construcción, Syocsa-Inarsa y El Silbo lleva ejecutando la obra del anillo insular desde noviembre de 2019. Casi cinco años han pasado desde que el Tribunal Administrativo aceptó un recurso de la UTE FCC y despojó de sus derechos a la Unión Temporal de Empresas Obrascon Huarte Lain, SA-Sociedad Anónima-Trabajos y Obras-Excavaciones Bahillo, SL-Asfaltos Bahillo, SL, a la que ahora el TSJC, le devuelve el derecho como la empresa que ganó la licitación ej junio de 2019.