Al igual que el curso escolar, este lunes ha dado comienzo el nuevo curso del Parlamento de Canarias, que con la llegada de septiembre cada vez ve más cerca del fin de la legislatura. En medio de un ambiente político que ya fija su mirada en mayo de 2023 al Gobierno de Canarias todavía le falta hacer pasar por el Parlamento tres importantes políticas que se emnarcan como retos: los presupuestos autonómicos, la renta ciudadana y el cambio climático.
Una de las preguntas que han iniciado este nuevo curso parlamentario ha partido de la Agrupación Socialista Gomera, que ha consultado al presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres (PSOE), cuáles son los grandes “retos sociales y económicos del Gobierno de aquí al final de legislatura”. Una cuestión que fija el camino que pretende seguir el Gobierno en las próximas semanas.
El reto de los presupuestos
Por una parte, están los presupuestos de 2023. Después de que Torres enumerara estos tres retos, el vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez (NC), aseguró en una comparecencia que el límite de gasto no financiero este año ha aumentado un 10,9%, lo que supone que la cifra alcanzará los 10.098 millones de euros. Es decir, que uno de los grandes desafíos ya parte con la mayor partida presupuestaria para las islas.
Estos presupuestos, que se estructurarán en medio de la inflación más alta en las últimas tres décadas y la incertidumbre de la guerra en Ucrania, no se verán tan afectados por el contexto geopolítico internacional, si bien Rodríguez ha precisado que hay que actuar con prudencia a la hora de diseñar las cuentas públicas, “de modo que el gasto público sea sostenible en el tiempo, puesto que después del año 23 vendrán otros en los que ya se habrán restablecido las reglas fiscales”.
Según informó el consejero de Hacienda, las nuevas cuentas permitirán cumplir los objetivos de financiar los servicios públicos, proteger a los sectores vulnerables y promover la inversión productiva, de modo que se mantenga "la senda de crecimiento económico y del empleo". Socios del gobierno como la Agrupación Socialista Gomera han apoyado las nuevas cuentas que “estarán a la altura de la situación económica y social de Canarias”. Unos presupuestos que si bien son un reto no parecen que estén levantando mucho revuelo entre los sillones de los diputados.
Ley de Cambio Climático
El cambio climático es otro gran reto que afronta el Gobierno en los próximos meses. Al parlamento le toca debatir todavía la Ley Canaria de Cambio Climático y Transición Energética, que se mantiene en tramitación parlamentaria. Desde el propio gobierno defienden que este documento se enmarca en el objetivo de la transición ecológica, con “medidas específicas para sectores como el turismo, el transporte, la agricultura, la sanidad o la seguridad; siempre desde un principio de cooperación entre las Administraciones y la sociedad civil”.
Uno de los instrumentos que pone en marcha esta ley es el Plan de Transición Energética de Canarias (PTcan), que este verano salió a información pública al respecto de su evaluación ambiental, sin embargo, pocos días después se desistió de este procedimiento ante lo que desde la Consejería de Transición Ecológica han explicado a este medio que se debe a la actualización de algunos datos, sin importantes modificaciones.
También queda por delante, al respecto del cambio climático, la Ley de Economía Circular de Canarias, cuyo anteproyecto fue aprobado este marzo. Las previsiones entonces eran que esta ley entrara en tramitación parlamentaria antes del verano. El documento abre la puerta a cuestiones de gran importancia en las islas como la recirculación de los residuos, la regeneración del agua o un uso limitado del suelo.
Renta Ciudadana
La tercera pata de los retos del Gobierno de Canarias antes de mayo de 2023 es la renta ciudadana. Canarias es una de las comunidades más atrasadas en la implantación de esta ayuda, que se espera que esté en marcha entre diciembre y enero. La previsión es que la renta la perciban unas 20.000 familias, a razón de 950 euros de media.
Esta ayuda sustituirá a la Prestación Canaria de Inserción (PCI), que perciben más de 10.000 personas en el archipiélago. Con la nueva renta se espera que se duplique esta cifra, además de que se incorporarán complementos destinados a pagar el alquiler y a costear los estudios de familias empobrecidas.
En la respuesta a su socio de gobierno Casimiro Curbelo, Ángel Víctor Torres ha defendido que estos tres retos inmediatos que se unen al resto de políticas que se desarrollan a lo largo de la legislatura, permitirán que en mayo de 2023 "los canarios encuentren una Canarias mejor que en mayo de 2019".