El Gobierno de Canarias ha aprobado este jueves el proyecto de ley que regulará la Renta de Ciudadanía de Canarias, un recurso social que sustituirá a la actual Prestación Canaria de Inserción (PCI) y con la que el Ejecutivo aspira a llegar a al menos 40.000 personas en varias fases.
Así lo ha explicado la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana (Podemos), que ha detallado que el documento será ahora remitido al Parlamento de Canarias para su debate y aprobación definitiva en el que es un "cambio de modelo" que, a su juicio, equipara a Canarias al resto de comunidades autónomas.
Se trata, ha dicho Santana, de un instrumento para dotar con unos ingresos mínimos a todas aquellas personas en situación de vulnerabilidad y poder así hacer frente al día a día.
En la primera fase, que consistirá principalmente en sustituir a las PCI vigentes, las personas beneficiarias, en torno a unas 10.000 verán incrementada la cuantía de la prestación, además de no estar sujeta a un límite de tiempo, por lo que desaparecerán las renovaciones en favor de un sistema de revisión anual que constatará si las persona sigue necesitando la renta ciudadana.
"Las personas que sigan en situación de pobreza o vulnerabilidad podrán seguir siendo beneficiarios mientras continúe la situación de riesgo", ha afirmado la consejera, que ha aseverado asimismo que se "agilizarán muchos los trámites" y se acortarán las listas de espera.