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Política

Renta Canaria de Ciudadanía: quién puede solicitarla, cuándo se pondrá en marcha y su compatibilidad

El Parlamento de Canarias aprueba hoy la Renta Canaria de Ciudadanía que sustiuirá a la actual Prestación Canaria de Inserción con el objetivo de aumentar la cifra de beneficiarios

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Noemí Santana, consejera de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias. / Efe

Uno de los retos a los que se enfrenta el Gobierno de Canarias en estos últimos meses de legislatura es poner en marcha la Renta Canaria de Ciudadanía, que sustituye a la actual Prestación Canaria de Inserción (PCI) y que perciben casi 12.000 familias en las Islas. El Archipiélago es una de las comunidades más atrasadas en la implementación de esta ayuda y con la nueva renta se espera aumentar las cifras de beneficiarios, además de que se incorporen complementos destinados a pagar el alquiler y a costear los estudios de las familias empobrecidas. 

La renta, que se aprobará hoy en el Parlamento de Canarias, “es una prestación económica dirigida a aquellas personas en situación de pobreza y de exclusión social (que en Canarias ya sabemos que son muchas, según los datos oficiales)”, explica Javier Bermúdez, director general de Derechos Sociales en el gobierno canario. Además, es una prestación que se complementa con otras ya existentes como el Ingreso Mínimo Vital (IMV). 

Complementariedad 

El IMV es una prestación del estado que llega ya a 26.500 familias en Canarias. “La idea es crear una renta destinada a luchar contra la pobreza extrema y garantizar unos medios mínimos de vida”. De ahí su complementariedad con otro tipo de subvenciones y ayudas. 

Esta prestación es una subvención de último recurso. Esto significa que, anterior a esta, se debe haber solicitado el IMV y la renta servirá para complementar los ingresos del mismo. “Luego hay otro tipo de ingresos que no se computan como puede ser la ayuda al alquiler o las becas”. 

Solicitudes

La renta viene a derogar una PCI que no era de carácter garantizado y que se ha ido modificando varias veces para intentar ampliar su cobertura. “De hecho, este año la PCI tiene la mayor cobertura que ha tenido nunca, llegando a casi 12.000 familias”, asegura Bermúdez. Asimismo, las personas que reciben actualmente la PCI entrarán directamente en el listado de beneficiarios de la Renta Canaria de Ciudadanía sin tener que presentar ninguna solicitud. 

“Una vez se apruebe la puesta en marcha de la Renta Canaria, hay tres meses en los cuales las personas pueden seguir presentando la PCI. Una vez pasados estos meses, las ayudas se entregarán de manera escalonada: en el primer mes se aportarán a las familias con menores a cargo para luchar contra la pobreza infantil, en el segundo mes entrarán las familias que no tenga ningún tipo de ingreso ni prestación y a partir del tercer mes cualquier familia”. 

La presentación será online aunque, teniendo en cuenta la brecha digital que puede existir, los servicios sociales de los ayuntamientos asistirán a las personas que no cuenten con conexión a internet. 

Requisitos generales para poder presentar la Renta Canaria de Ciudadanía. /Gobierno de Canarias

Protección social

La Prestación Canaria de Inserción alcanzó la mayor cobertura de su historia al llegar en septiembre a un total de 11.427 familias beneficiarias. Al comienzo de la lesgislatura, eran 5.687 las que cobraban la PCI. La consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, indicó que la previsión de su departamento era llegar a las 12.000 familias antes de final de año o principios del próximo. En relación a esto, Bermúdez explica que, a 12 de diciembre de 2022, "11.924 familias están recibiendo la PCI". Con la Renta Canaria de Ciudadanía la meta es no solo llegar a las 12.000 sino aumentar la cifra para alcanzar a todas aquellas personas que se encuentren en una situación de vulnerabilidad. 

Para dar una respuesta adecuada, la consejería ha trabajado directamente con los representantes de las áreas de asuntos sociales de los 88 ayuntamientos canarias “que, como sabemos, son la puerta de entrada para las familias en situación de exclusión social o en riesgo de padecerla y, por tanto, son los que conocen de primera mano a cada familia, los que ponen cara y conocen la situación de vulnerabilidad social de estas persona y sus familia”, conluye Bermúdez.