La Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado ha registrado ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) un recurso contra la nueva interpretación del Gobierno canario respecto a quién corresponde la tutela de los menores migrantes que llegan por mar a Canarias.
El pasado 2 de septiembre, el Gobierno de Canarias cambió oficialmente su postura tras la celebración de un Consejo de Gobierno y defiende desde entonces que los menores inmigrantes que llegan a sus costas en cayucos o pateras están bajo custodia policial, no abandonados ni desamparados, y son competencia del Estado, por lo que pidieron a las ONG que gestionan los centros de acogida que no acepten a ninguno más sin el permiso expreso del Ejecutivo.
"Contrario a los derechos fundamentales"
Tras aquel Consejo, el presidente canario, Fernando Clavijo, precisó que ese acuerdo no significa que Canarias se desentienda de los menores, sino que seguiría ayudando en su acogida siempre que tenga recursos disponibles, pero como forma de “auxiliar” al Estado en su competencia.
Así, en el recurso de la ONG, que data del pasado martes y ha sido avanzado por el diario Canarias Ahora, la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado asegura que el acuerdo alcanzado en el Consejo de Gobierno relativo a esa nueva manera de entender la competencia sobre los menores migrantes es “contrario a los derechos fundamentales de los menores y del interés superior del menor", especialmente de aquellos cuya acogida pueda ser susceptible de ser rechazada.
Indefensión
Para la Red, el acuerdo, trasladado también a los grupos del Parlamento canario tras una reunión del denominado como Pacto Migratorio, puede generar “un estado de indefensión" en esos niños y adolescentes que llegan solos a Canarias.
La ONG también expone que el acuerdo adoptado prescindió "del procedimiento administrativo habitual y de las medidas de control que el funcionariado puede aportar” al no estar recogido en el orden del día del Consejo.
“Esta decisión del Gobierno de Canarias no solo incumple la normativa estatutaria sino que es contraria a una gran cantidad de normas internacionales, constitucionales estatales (sic) y a la propia legislación canaria”, sostiene el recurso, en un documento en el que se añade que esa decisión del Consejo puede significar "una suerte de cese en los procesos de asistencia de los menores” y “truncar la cadena de tutela y traslado de los menores entre los dispositivos de costa, fiscalía, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y los operadores actuales del sistema".