El pasado 19 de mayo, Rayco Rubén González –administrador único de RR7 United SL, empresa dedicada al sector de la compraventa de automóviles de lujo que resultó adjudicataria de un contrato de emergencia del Servicio Canario de la Salud (SCS) por el que cobró cuatro millones de euros a cambio de un millón de mascarillas 3M que jamás entregó– declaró como investigado por estafa agravada y blanqueo de capitales ante el fiscal Javier Ródenas. Ese día, en esa comparecencia en la Delegación de Las Palmas de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, aseguró que jamás tuvo contacto directo durante el proceso administrativo con Conrado Domínguez –director del SCS– y que su intermediario con la administración pública siempre fue una sola persona: Samuel Machín.
Cinco meses después, este jueves, Rayco Rubén González compareció por voluntad propia ante Francisco Javier García García-Sotoca, juez titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria, para rectificar su declaración inicial ante el fiscal. Si en primavera negó haber tenido relación directa con Conrado Domínguez, ahora sí admitió haber mantenido una comunicación fluida con el director del SCS. Y para demostrar ese vínculo, entre él y su abogado, el melillense Rachid Mohamed, leyeron en sede judicial una veintena de 'wasaps' que ambos intercambiaron entre mayo y agosto de 2020 relacionados con la oferta que su empresa presentó a la administración pública para entregar un millón de cubrebocas a cambio de cuatro millones de euros.
Negación ante Ródenas
"Es Samuel Machín quien tiene contacto directo con el Servicio Canario de la Salud". "No sé quién es el contacto directo de Machín en el Servicio Canario de la Salud". "Se qué [ Machín] tenía un contacto en el Servicio Canario de la Salud, pero yo no sabía quién era". "Durante la negociación de la factura solamente hablé con Samuel Machín, que era el intermediario con el Servicio Canario de la Salud; luego, con la única persona de la administración pública con la que tuve contacto, fue con Ana Pérez [exdirectora de Recursos Económicos del SCS]". "La información sobre los riesgos de la operación se la traslado a Samuel Machín y él al Servicio Canario de la Salud". Todas esas declaraciones forman parte de la declaración de Rayco González ante el fiscal Ródenas en mayo, afirmaciones todas que levantan un contrapunto con lo que expuso este jueves –junto a su abogado– delante del juez.
La anatomía de la contradicción que protagonizó Rayco González, haciendo uso a su derecho, se consumó durante casi tres horas de una jornada que arrancó apenas dos minutos antes de las 13.00, cuando el administrador de RR7 llegó a la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria a paso ligero y acompañado de su mediático abogado, Rachid Mohamed. En la puerta de los juzgados le esperaban numerosos fotógrafos y medios de comunicación que siguen desde el primer día el caso Mascarillas. Tras un fugaz saludo subieron en ascensor hasta el Juzgado de Instrucción Nº7. En vano, porque la sala de vistas habilitada para su declaración ante el juez García-Sotoca estaba en el piso bajo de las instalaciones judiciales. Era el momento de Rayco.
Ya había declarado ante el fiscal, pero se había acogido a su derecho a no hacerlo ante el juez. Este jueves lo hizo a petición propia. “Va a contar toda la verdad”, había adelantado su abogado días atrás. La declaración fue larga y pesada. “No me queda saliva”, murmuró el investigado cuando salió de la sala, inequívoca señal de que había respondido a todas las preguntas, de que seguramente había contado toda la supuesta verdad.
Intermediarios
El número de periodistas había mermado considerablemente con las horas, pero quedaban los suficientes para pedir las valoraciones oportunas. “La declaración era muy previsible porque ha sido prácticamente una ratificación de lo que ya declaró ante el fiscal, con algunos matices que no habían quedado muy claros o que podrían causar confusión, pero creo que Rayco ha explicado bien cómo llega el contrato a su empresa, como lo ejecuta y qué es lo que pasa al final con las mascarillas”, explicó su abogado.
“Son unos intermediarios los que ofrecen la posibilidad de traer y suministrar mascarillas al Servicio Canario de la Salud (SCS). Rayco no tuvo contacto directo con el SCS, hizo todo a través de Samuel [Machín, testigo en la instrucción del caso[", añadió Mohamed. En sede judicial, sí admitió haber mantenido contacto directo con el director del SCS.
Otros involucrados
Esa ha sido desde el principio la estrategia de la defensa del principal imputado: hay más personas involucradas y no están siendo investigadas. “Estábamos esperando esta declaración, pero creemos que el juez, de oficio, llamará a declarar a esos intermediarios en función de la documentación que aportamos y que todavía nos queda por aportar”, puntualizó el letrado. Las preguntas continuaron. “Rayco está muy tranquilo porque lo que pasa en este tipo de procedimientos es que primero cuando a uno le llega una querella de esa entidad te desconcierta, pero ya luego, cuando empiezas a analizar la documentación de la que dispones, la cronología de los hechos y ves que todo es justificable pues entendemos que por ahora no tiene por qué preocuparse”, relató Mohamed.
Su madre, su mujer y un primo, los tres investigados, también tendrán que pasar por los juzgados. “Siempre es incómodo que llamen a tu familia a declarar, sobre todo en un negocio en los que ellos no han intervenido, más que preocuparse, le molesta, pero es algo humano. No le intranquiliza porque la familia vendrá, declarará, dará la versión sobre aquello que se le pregunte y yo creo que se archivará inmediatamente”, concluyó el abogado. “No hay empresas pantalla, lo único que hay y eso lo describe la querella, es un préstamo que le hace una de las empresas de Rayco a la empresa de su madre, y además es una cantidad mínima en comparación con el dinero que se está discutiendo en este caso. Me imagino que el juez querrá saber por qué se le hace ese préstamo y dónde se gasta el dinero del préstamo”, detalló.
Blanqueo y estafa
"La estrategia de la defensa, una vez que hemos prestado declaración, es acreditar todo lo que se ha declarado documentalmente, y en ese momento esperaremos que el juzgado haga una nueva calificación de los hechos en la que yo confío que desaparezcan las acusaciones de blanqueo de capitales y de estafa, que son las que se imputan inicialmente a Rayco”, dijo.
El próximo en declarar será Ángel Víctor Torres, presidente de Canarias. Lo hará el próximo miércoles, 2 de noviembre, en calidad de testigo, y no lo tendrá que hacer presencialmente. Con su declaración, el juez y el fiscal Ródenas tratarán de entender cúal era el papel del Comité de Gestión de Emergencia Sanitaria en la toma de decisiones con respecto a los contratos sanitarios durante la pandemia.