El fiscal del caso Mascarillas ha solicitado la retirada de pasaporte, la prohibición de salir del la obligación de comparacer una vez en el juzgado para Rayco González, investigado por estafa agravada y blanqueo de capitales. González es el administrador único de RR7 United, empresa que cobró 4 millones de euros del Servicio Canario de la Salud (SCS) por un millón de mascarillas que nunca entregó.
Rayco González estaba citado este viernes por el juez que instruye el caso para una vista en la que se iba a discutir su posible ingreso en prisión. Finalmente, el fiscal no ha solicitado esa medida, pero sí otras que le impedirían salir del país en caso de que el juez las decretara.
El administrador de RR7 United llegó a la Ciudad de la Justicia acompañado de su abogado, Rachid Mohamed, igual que hace dos semanas, cuando declaró por primera vez como investigado ante el juez. Como él, también lo han hecho en calidad de investigados Conrado Domínguez, director del SCS, y Ana María Pérez, ex directora de Recuros Económicos del SCS, ambos por presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias.
El juez también ha imputado en la causa a tres familiares de Rayco González, que tendrán que declarar a mediados de noviembre. Son su madre, Adoración Sánchez; su esposa, Belén María de los Ángeles Alemán; y su primo, Kevin Sánchez. El próximo mes también declarará, pero en calidad de testigo, el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres.