Una vez más, otro interviniente en la comisión de investigación del caso 'Mascarillas' en el Parlamento de Canarias da la callada por respuesta, lo que debería llevar a preguntarse seriamente la pertinencia de unas pesquisas que no parecen servir para mucho más que para las dietas de los diputados.
El silente fue en esta ocasión una de las personas que más podría aportar a la cuestión de ser obligatoria la respuesta, Rayco González. Él era el administrador único de la empresa RR7 United, dedicada al sector de la compraventa de automóviles de lujo que, empero, resultó adjudicataria de un contrato de emergencia del Servicio Canario de Salud (SCS) por el que cobró cuatro millones de euros a cambio de un millón de mascarillas que jamás entregó.
Sí dio claves
No obstante, pese a que desde el principio manifestó su deseo de no declarar, si se pronunció en dos ocasiones y asintió de manera más o menos clara muchas exposiciones hechas por el ponente designado por Vox, Nicasio Galván.
De sus dos intervenciones, la más larga la utilizó para explicar que tuvo que sacar el dinero de un banco -sin saber por qué- y que al intentar ingresarlo en otro no le fue posible; la otra construyó con solo una frase: "yo no sabía los comisionistas que habían por la parte de Samuel (Machín)" (sic).
Además de estas interacciones, González aportó una colección de asentimientos y ladeos de cabeza que no constituyen afirmaciones en sí mismas pero dan buena muestra de por dónde van los tiros. Especialmente reseñable fue aquella que dedicó a este enunciado de Galván: "yo estoy seguro de que usted es el primer sorprendido cuando alguien le dio a un botón de dos millones de euros y luego otros dos millones con una factura proforma". Cabeza hacia adelante, como también hizo al escuchar que Samuel Machín era el comisionista y quien "tenía el contacto con el SCS".
El PSOE defiende el silencio
A pesar de que Vox, PP y Coalición Canaria (CC) intentaron que González revelara "todo lo que sabe", el empresario mantuvo silencio ante las sospechas que lo señalan como posible "cabeza de turco", según el diputado de CC José Alberto Díaz Estébanez.
Por su parte, Nira Fierro, del PSOE, hizo una defensa un tanto ímpudica de González, recordando que el derecho a no declarar es "tan legítimo" como hacerlo y por ello no se debe juzgar el silencio de los comparecientes. Fierro destacó que, de los 1.300 expedientes de contratación tramitados durante siete meses de intensa presión asistencial, solo dos grupos de contratos están siendo investigados, y únicamente en uno, el de RR7, no se recibió el material en un contexto en el que la compra de material sanitario operaba en un "mercado persa" con la obsesión de "salvar vidas".
Como es habitual en la filosofía del "y tu más, la diputada socialista finalizó diceiendo que es "tan indecente es el 'sé fuerte' (en referencia al mensaje de Bárcenas a Rajoy hace una década) como el 'nos vamos a forrar'", que aludía al mensaje del intermediario Lucas Cruz a Rayco González.
¿Mascarillas recolocadas?
Entre otras preguntas realizadas por José Alberto Díaz Estébanez, el diputado nacionalista solicitó saber si se le ofreció el contrato millonario para la adquisición de un millón de mascarillas, a pesar de que la empresa no tenía experiencia previa en el sector sanitario. El diputado también insinuó que las mascarillas que, según se informó, fueron destruidas, podrían haber sido "recolocadas en algún otro lugar".
Además, se preguntó si parte de los 4 millones de euros pagados por el Gobierno de Canarias, concretamente 1,3 millones, fueron destinados a comisiones. También le pidió a González que confirmara si tenía contacto personal con miembros del comité de gestión, como el entonces presidente canario Ángel Víctor Torres, y otros altos cargos, como Román Rodríguez y Julio Pérez.
El diputado del Partido Popular, Fernando Enseñat, ahondó en una fotografía en la que supuestamente se ve a Rayco González junto a Ángel Víctor Torres en un restaurante de Fuerteventura, coincidiendo con las fechas en que la empresa RR7 recibió lo que describió como "trato de favor" por parte del gobierno autonómico. Enseñat preguntó como Díaz Estébanez quién le ofreció el negocio y quién abrió las puertas del Ejecutivo regional para que RR7 obtuviera el contrato. "Porque usted solo no podía", sentenció el parlamentario.
Contactos con Domínguez
Esther González, de Nueva Canarias-Bloque Canarista, también interrogó a Rayco González sobre posibles vínculos con Conrado Domínguez, exdirector del SCS, quien también es investigado judicialmente. Preguntó si mantenía contacto con Domínguez en 2020 y si lo sigue manteniendo en la actualidad. Asimismo, cuestionó qué destino se le dio a los 4 millones de euros que cobró por el encargo del gobierno.
Por su parte, Jesús Ramos, de la Agrupación Socialista Gomera, quiso saber si realmente existió un proceso de concurrencia en el contrato y si hubo otros aspirantes con propuestas más económicas. También preguntó si González tuvo que pagar comisiones a intermediarios para asegurar el acuerdo.