11 de abril de 2020. 8.55 horas de un sábado. Aeropuerto de Gran Canaria. Un Airbus A-340 rompe el silencio impuesto por el Estado de Alarma y el confinamiento desde hace cuatro semanas. El avión, que está a punto de completar un vuelo de 15 horas y 29 minutos, acaba de hacer historia: es el primero que une —sin escalas— China y Canarias. Procedente de Shanghái, en su bodega se almacenan 18.000 kilos de material sanitario para protegerse contra el coronavirus, entre ellos 100.000 hisopos para la realización de test de diagnóstico. Hoy, casi cuatro años después de ese aterrizaje, esa operación traza una línea que liga el mandato de José Luis Ábalos (PSOE) en el Ministerio de Transportes con la gestión del Gobierno autonómico presidido por el también socialista Ángel Víctor Torres con el caso Koldo como telón de fondo.
Para entender esta trama hay que remontarse a una fecha concreta y tirar del hilo. El 25 de marzo de 2020, apenas tres semanas antes del aterrizaje de ese Airbus A-340 en Gando tras cruzar medio planeta, constó en el Registro Mercantil la apertura en la Zona Especial Canaria (ZEC) de una sucursal de la empresa One Airways en Santa Cruz de Tenerife. Sólo 15 días después, el 8 de abril, la Dirección General de Recursos Económicos del Servicio Canario de la Salud abonó a esa firma 375.000 euros. Ese fue el primero de tres pagos que la administración pública completó el 12 de mayo hasta alcanzar un montante total de 1.125.000 euros, cantidad de dinero que tenía como contraprestación cubrir el servicio de transporte aéreo directo —en tres vuelos— entre Shanghái y Canarias de material sanitario para hacer frente al COVID19.
Rescate estatal
Hasta ahí, todo en orden. Salvo por un pequeño problema: One Airways, beneficiaria de esa adjudicación a dedo por parte de Ejecutivo autonómico durante el Estado de Alarma, no tenía capacidad para volar a China. Para cumplir con parte del trato, la empresa negoció directamente y subcontrató a Plus Ultra, una aerolínea controlada por empresarios venezolanos considerados próximos a Nicolás Maduro, en la que aparecía como acreedora una sociedad en Panamá vinculada a antiguos testaferros de Rodrigo Rato y que el 9 de marzo fue rescatada por el Gobierno de España con la aportación de 53 millones de euros de fondos estatales por recomendación del ministro de Transportes, que entonces era Ábalos.
A la aparición de Plus Ultra en Canarias durante el Estado de Alarma le siguió —11 días después de que el Airbus A-340 de la aerolínea tomara tierra en Gando— la adjudicación de cuatro contratos por valor de 12,2 millones de euros a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, empresa que aparece en el epicentro del caso Koldo, una trama de presunta corrupción en la que un asesor del exministro Ábalos es investigado por el supuesto cobro de sobornos en la compra de mascarillas. En el caso de esta firma, con sede en Zaragoza, el Ejecutivo autonómico incluso fue sumamente generoso: perdonó a la compañía un incumplimiento de contrato, quebranto idéntico por el que anuló una licitación a una sociedad tinerfeña.
Denuncia
Cuando Canarias adjudicó los contratos One Airways y Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, el director del Servicio Canario de la Salud (SCS) era Antonio Olivera, actual jefe de gabinete de Torres en el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. Las adjudicaciones con ambas empresas aparecen en las denuncias que el empresario grancanario Juan Manuel Pérez presentó durante la primavera de 2020 ante la Fiscalía General del Estado, el Tribunal de Cuentas, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y la Fiscalía Europea.