El retraso y acumulación de tareas administrativas en decenas de municipios canarios tiene una de sus causas en la falta de habilitados nacionales. Rafael Yanes, Diputado del Común, lo tiene muy claro y por eso ha pedido al Defensor del Pueblo que se reforme la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local para que Canarias pueda convocar plazas a este cuerpo funcionarial sin esperar a que lo haga el Estado.
En declaraciones para Atlántico Hoy, Yanes explica que los habilitados nacionales "son un cuerpo [funcionarial] de carácter nacional compuesto de los secretarios generales, los interventores y algunos depositarios o tesoreros". Los ayuntamientos y las corporaciones locales tienen que tener este personal, detalla, pero en Canarias sólo hay cubierta una cuarta parte de las plazas.
Sólo el 28% de plazas cubiertas
Este lunes, Yanes ha presentado el informe del Diputado del Común 2022 y ha adelantado a los diputados asistentes a la comisión parlamentaria su decisión de solicitar esta medida. Algo que, dice, ya se ha hecho en el País Vasco y que tendría cabida, a su entender, en el Archipiélago.
El problema es que muchos municipios no pueden contestar adecuadamente asuntos con "cierta complejidad jurídica" porque apenas están cubiertas el 28% de las plazas. La Federaciópn Canaria de Municipios (Fecam) ya había pedido convocar una lista de reserva y agilizar un mecanismo urgente de nombramientos. Esta petición ha sido respaldada por Yanes, a la par que ha lanzado al Defensor del Pueblo su propia propuesta de reforma legal.
El País Vasco ya lo ha conseguido
"El País Vasco ha logrado una modificación de la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local en el sentido de que, aunque son habilitados nacionales, ellos convocan para su territorio. Yo lo que he pedido es que nuestra comunidad autónoma tenga la posibilidad de convocar plazas de habilitados nacionales también, ya que la lejanía es una razón mucho más poderosa que la que pueda tener el País Vasco y los datos reflejan claramente que faltan habilitados nacionales en Canarias", explica a este medio.
El escenario, no obstante, es distinto al del País Vasco, que logró la cesión de los habilitados nacionales por parte del Gobierno de España como una condición del Partido Nacionalista Vasco en la negociación de los Presupuestos Generales del Estado de 2022. El Partido Popular y Vox denunciaron la cesión ante el Tribunal Constitucional.
Difícil equiparación
La mencionada Ley de Presupuestos incluyó como salvedad para el País Vasco sobre los funcionarios con "habilitación nacional" que Euskadi podría aprobar una "normativa autonómica" propia para regular la facultad de selección, aprobación de la oferta pública de empleo para cubrir las vacantes existentes de las plazas correspondientes a las mismas en su ámbito territorial, la facultad de nombramiento del personal funcionario en dichos procesos de provisión, la asignación del primer destino y las situaciones administrativas.
La capacidad negociadora de Canarias no es, desde luego, la que ejerce el País Vasco en el equilibrio parlamentario del Congreso de los Diputados, por lo que la propuesta de Yanes no será coser y cantar. El Diputado del Común aclara a Atlántico Hoy que la decisión corresponde al Gobierno del Estado y que en su mano sólo está comunicárselo al Defensor del Pueblo de España para que sea él que lo tramita ante el ministerio correspondiente.