El Partido Socialista ha anunciado que pedirá al diputado y exministro, José Luis Ábalos, que entregue su acta de diputado en las próximas 24 horas por el 'caso Koldo'. Según ha explicado este lunes ante los medios de comunicación la portavoz federal socialista, Esther Peña, la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE ha decidido hacer la petición formal tras un acuerdo unánime.
Peña puntualizó que aunque "sabemos que José Luis Ábalos no está investigado, ni señalado, ni imputado, ni su nombre figura en la investigación que todos ustedes conocen" y no se erigen en jueces, ni son fiscales, ni juzgan, pero que a pesar de todo "la Comisión Ejecutiva Federal considera que sí existe una responsabilidad política". En este sentido subrayó que ya se ha comunicado esta decisión al diputado.
A su vez Peña anunció que el partido va a "registrar de manera inmediata una Comisión de Investigación en el Congreso". El presidente del Gobierno Canarias, Fernando Clavijo, señalaba este lunes ante los medios de comunicación que le preocupaba que el nombre de Canarias "se mencione en los titulares del caso'' aunque insistió en que "todo eso se combate con transparencia" y aseguró que su Gobierno "va a colaborar con las investigaciones en todo lo que se requiera".
Caso Koldo
El pasado 21 de febrero se daba a conocer que los ministerios de Transportes y de Interior, además de las comunidades autónomas de Canarias y de Baleares, figuran entre las víctimas de la presunta trama dedicada al cobro de comisiones por la compra de mascarillas durante la pandemia por la que ha sido detenido Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos.
Como ya detallaba este medio, se trata de una trama de presunta corrupción en la que un asesor de Ábalos fue detenido por la Guardia Civil por el supuesto cobro de sobornos en la compra de mascarillas. El anterior Gobierno de Canarias, presidido por Ángel Víctor Torres, concedió cuatro contratos a dedo por valor de 12,2 millones de euros a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, empresa que aparece en el epicentro del caso Koldo . El objeto de los convenios entre el Ejecutivo regional y la compañía era, precisamente, la adquisición de cubrebocas para hacer frente al Covid19 y se fraguaron durante el Estado de Alarma decretado el 14 de marzo de 2020.