El día de ayer se conocía la noticia de que el Gobierno de Canarias no pudo presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley por el Derecho a la Vivienda por iniciar el proceso fuera de plazo. En rueda de prensa, el viceconsejero portavoz de la institución, Alfonso Cabello, explicó que el Ejecutivo canario pensó que "el mes de agosto era inhábil, cuando no lo es", excusó. Tras estas declaraciones, las criticas por parte de la oposición no han tardado en dejarse ver. Este caso demuestra la "nula capacidad de gestión y poco nivel" del Gobierno de Canarias, ha manifestado el portavoz del PSOE en el Parlamento autonómico, Sebastián Franquis.
La Ley de Vivienda, según ha destacado Franquis en un comunicado, "es la primera norma en democracia en España que desarrolla el derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada, y que consolida la vivienda como un pilar del estado del bienestar, abordando la problemática en toda su dimensión". El portavoz ha denunciado que el anuncio del Gobierno canario de recurrir la ley era alinearse con otros gobiernos del Partido Popular contra una norma esencial y una regulación coherente que garantiza la igualdad en el derecho a una vivienda digna.
Competencias
El objetivo de recurrir la norma venía porque el actual Gobierno de Canarias considera que esta vulnera el Estatuto de Autonomía e invade competencias propias —no era la única comunidad autónoma que pensaba recurrir—. País Vasco, Madrid y Andalucía ya habían recurrido esta ley de vivienda ante el Constitucional y Baleares y Cataluña tenían pensado hacerlo al igual que Canarias.
Según explicó el Ejecutivo canario por aquel entonces, en una primera lectura se habrían detectado 18 artículos que suponen una intromisión en las competencias autonómicas, entre las que Cabello puso como ejemplo la gestión del parque de viviendas de protección oficial o la definición de grandes tenedores.