La diputada del grupo prlamentario Socialista Pino González presentará en el próximo pleno de la Cámara regional una proposición no de ley para penalizar el acoso en las mujeres que acuden a clínicas para la interrupción voluntaria del embarazo. La iniciativa, que coincide con la celebración del Día Internacional de la Mujer este próximo martes 8 de marzo, solicita al Parlamento de Canarias su apoyo a la tramitación de la proposición de ley orgánica por la que se modifica la ley del Código Penal con el mismo objetivo.
Además, la diputada pide el impulso de programas para la educación sexual y prevención de embarazos no deseados en el ámbito de las competencias autonómicas. La diputada socialista explica en un comunicado que esta propuesta se presenta como medida necesaria para garantizar “una práctica segura y legal del aborto basada en la salud y los derechos de las mujeres, que a día de hoy sufren actos molestos ofensivos, intimidatorios o coactivos que pretenden influir en la decisión de las mujeres de interrumpir su embarazo”.
Un derecho reconocido
González recuerda que en España, el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo está reconocido y regulado por Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, que goza de gran consenso y apoyo de la ciudadanía española.
“Sin embargo, grupos ultraconservadores, organizados y con gran capacidad económica, acosan y hostigan a las mujeres y a los profesionales que lo facilitan, obstaculizando así el ejercicio de un derecho reconocido en nuestro ordenamiento jurídico”, alerta.
Acoso constante
La parlamentaria añade que el acoso a los centros sanitarios donde las mujeres interrumpen voluntariamente sus embarazos “es una constante” desde la aprobación de la Ley Orgánica 9/1985, de 5 de julio, de reforma del artículo 417 bis del Código Penal, por la que se despenalizaba el aborto en tres supuestos, “y sigue siendo, hoy, una realidad”.
González explica que por esta razón, se está tramitando una proposición de Ley Orgánica impulsada por el grupo parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados, “para que sea delito obstaculizar el ejercicio de un derecho reconocido, como es la interrupción voluntaria del embarazo, mediante el acoso a las mujeres que toman esa decisión”.