El PSOE ha advertido este martes de que el nuevo decreto de Dependencia del Gobierno canario sigue presentando graves deficiencias que ponen en riesgo garantías y derechos de las personas y que, a su juicio, supone una seria amenaza de externalización de todos los servicios del sistema.
La vicesecretaria portavoz socialista, Elena Máñez, ha lamentado en una nota que la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, no siga las recomendaciones efectuadas por los colegios profesionales y trabajadores de la Consejería y del tercer sector, y mantenga aspectos "lesivos" del nuevo decreto que va a regular el procedimiento para acceder al sistema de Dependencia.
“Llama la atención que quien fue presidenta del Colegio de Trabajo Social de Tenerife y actual consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, sustituya el informe social por otro del entorno que no cuenta con la misma validez científica y contravenga todas las recomendaciones y reivindicaciones del colectivo de profesionales", ha indicado Máñez, para añadir que tampoco tiene en cuenta las recomendaciones del Consejo Territorial en cuanto a los requisitos que debe contener el informe de salud.
Preocupación por la extinción de derechos
A juicio de Elena Máñez, resulta especialmente grave que se extinga el derecho si en tres meses no se recibe el servicio y recuerda que hay 7.522 personas que tienen resolución, según los datos del Imserso de julio, pero no han podido hacer efectivo su derecho, en la mayoría de los casos por la falta de plazas y no por causas imputables al solicitante.
“Estas 7.522 personas serían expulsadas del sistema, lo que supone una situación grave de indefensión y vulneración de sus derechos," afirma la dirigente socialista, quien también critica que se eliminen garantías para los solicitantes, como la supervisión de las valoraciones por la Comisión Técnica y que se permita la valoración por profesionales ajenos a la Consejería sin contar con las garantías de formación exigibles.
Situación actual de la gestión en dependencia
Recuerda la portavoz socialista que la pasada legislatura el Gobierno demostró que, reforzando el personal, se podía mejorar la atención a las personas en situación de dependencia. En cambio, el actual gobierno CC-PP en vez de reforzar con personal la Dirección General de Dependencia "lo que pretende es externalizar la gestión”, reprocha Máñez.
Afirma también que en los seis primeros meses de 2024 la Consejería ha empeorado la gestión, pues los datos indican que se han tramitado 1.933 programas individuales de atención y 1.687 prestaciones menos que en el primer semestre de 2023.
Apoyo al personal
Asimismo expresa el apoyo del PSOE al personal que trabaja en la Dirección General de Dependencia ante las situaciones que denuncian de boicot a sus representantes sindicales por criticar "la estrategia de control que lleva imponiéndose desde hace meses, y a las trabajadoras y trabajadores que denuncian incidencias”.
“Valoramos la profesionalidad y compromiso de todo el personal que trabaja en dependencia y pedimos a la consejera que haga lo mismo y deje de poner bajo sospecha permanente a su personal, generando el peor clima laboral que se recuerda en los últimos 17 años,” ha añadido.
Para Elena Máñez, el nuevo modelo que propone el Gobierno de Canarias “elimina garantías para las personas solicitantes a favor de un procedimiento que lo único que pretende es reducir números a costa de los derechos de las personas en situación de dependencia”.