El PSOE en Canarias niega que el anterior Ejecutivo regional dejara caducar las sanciones millonarias a Endesa por los apagones de 2018, 2019 y 2020 en Tenerife y en La Palma. La Consejería de Transición Ecológica emitió ayer un comunicado donde informaba que tendría que devolver 50 millones a la compañía eléctrica después de que el anterior gobierno dejara caducar los expedientes, cuestión que niegan los socialistas.
En un comunicado espetan los socialistas que “cuando llegó el Gobierno del Pacto de las Flores, los expedientes no caducaban, y ahora con este Ejecutivo los expedientes vuelven a caducar". Apuntan que esta forma de actuar "el mejor servicio que le pueden dar a las eléctricas" e incluso apuntan que "han vuelto a las prácticas de antes”.
Los expdientes
Los socialistas aseguran que cuando llegó el Pacto de las flores al Ejecutivo autonómico "se constató la existencia de 47 expedientes sancionadores desde 2010 por importe de 60,8 millones de euros que habían prescrito, por lo que esas sanciones nunca fueron abonadas por las empresas eléctricas que habían cometido".
Por ello cargan directamente contra Coalición Canaria porque antes de 2019 "dejaron prescribir todos esos expedientes, con una pérdida de más de 60 millones de euros para las arcas públicas canarias".
“La voluntad del Pacto de las Flores fue la de no dejar prescribir ningún expediente, como sí hicieron los anteriores gobiernos de Coalición Canaria. Por tanto, se incoaron los procedimientos sancionadores, tal y como establece la normativa reguladora, con los plazos establecidos en la misma”, explican.
La devolución
Si bien desde el PSOE valoran "de forma positiva" la modificación de la ley que impulsó el PP para ampliar los plazos para esas sanciones, puntualizan que "es cierto que, una vez prescrito un procedimiento, se puede volver a iniciar otro procedimiento por los mismos hechos".
En el comunicado quitan un poco de hierro al asunto al apuntar que "esos costes millonarios" de los que habla Zapata no son fondos del Gobierno de Canarias, sino "la devolución de los importes ya abonados por las empresas sancionadas". Con todo reclaman al Gobierno de Canarias "las copias de los expedientes sancionadores, con el fin de conocer los detalles de estos y controlar la acción del Ejecutivo autonómico".