Quedan seis meses para que finalice la legislatura más complicada que jamás haya tenido Canarias. A los problemas que afectaron a todo el mundo, como la pandemia de la COVID-19, se sumaron catástrofes internas como la erupción del volcán en La Palma. A todo ese le ha tenido que hacer frente un gobierno inédito en el Archipiélago: formado por cuatro partidos.
Con las elecciones a la vista, es momento de hacer balance. Además de repasar todo lo que ha pasado en los últimos tres años y medio y de preguntar a la oposición por el trabajo del Ejecutivo, pretendemos comprobar qué compromisos ha cumplido la coalición y cuáles ha incumplido, teniendo claro que la legislatura aún no ha terminado y quedan leyes por aprobar, algunas tan importantes como los presupuestos del próximo año, la ley de cambio climático o la renta de ciudadanía, las tres en trámite parlamentario.
Hemos analizado el documento Acuerdo para un Gobierno de Progreso y de Cambio para Canarias firmado el 22 de junio de 2019 por los líderes del PSOE, Nueva Canarias, Podemos y Agrupación Socialista Gomera. No es un simple listado de medidas y compromisos, sino que presenta las bases del pacto de gobierno estructuradas en ocho ejes. El análisis sigue la misma estructura: se analiza las medidas concretas incluidas en cada eje. La alusión a medidas concretas no es casual: se han dejado fuera intenciones, principios de actuación o proposiciones generales.
Estado del bienestar
El primer eje es el de lucha contra la pobreza y por la inclusión social, que incluye cuatro medidas concretas. La primera es la instauración de la renta de ciudadanía, que el pacto se comprometió a aprobar de manera urgente. No lo hizo. Está previsto que se apruebe en el parlamento antes de final de año y entre en vigor en 2023. Sí se han aprobado ya el catálogo de servicios y prestaciones de la Ley de Servicios Sociales de Canarias y el Plan de Vivienda, en marcha desde 2020. El programa de subvenciones Retorno al empleo no es exactamente el plan de específico para parados de larga duración y colectivos de difícil inserción que recogía el acuerdo de gobierno.
El segundo eje es el de fortalecimiento del estado del bienestar, potenciando y mejorando los servicios públicos esenciales. Es el más extenso del acuerdo e incluye compromisos en sanidad, educación, cultura e igualdad. El balance es desigual entre las áreas, sobre todo en sanidad. Debido a la pandemia, al Gobierno le ha costado ejecutar muchos de sus compromisos. Empezando por la reducción de los tiempos de espera y pasando por el desarrollo de los distintos planes, sobre todo el Plan de Salud de Canarias. Otros planes o no se han elaborado o existen desde la anterior legislatura y no se han actualizado, como sí ha sucedido con el Plan de Renovación de Equipamientos
Tecnológicos. Sí ha habido es un aumento de los recursos (humanos y económicos), pero eso no está siendo suficiente para dar a la sanidad canaria el impulso que necesita, según cuentan los profesionales.
Sobre la educación, el pacto recogía que la inversión en eduación y becas alcanzara el 5% del PIB, algo que no se ha logrado; la reforma y mejora de centros, que sí se ha cumplido; y la creación de otros nuevos centros, que también (aunque a cierre de 2021 Canarias tenía menos centros públicos que en 2019). También se ha cumplido el compromiso de aumentar la plantilla y de crear plazas para la eduación de 0-3 años, implantada este curso. Queda pendiente la mejora de la financiación universitaria, aunque sí se ha firmado un pacto por la ciencia y la innovación en el que participan las dos universidades.
En el apartado cultural, el Gobierno ha incrementado la financiación de ese departamento, pero sigue pendiente la ley de mecenazgo. En cuanto a dependencia, la mejora de la financiación y la gestión de la aplicación de la ley es un hecho. El plan de infraestructuras sanitarias, sin embargo, sigue aplazándose, por lo que el objetivo de disponer de casi 5.500 plazas aún no se ha cumplido.
El tercer eje es el del fomento de la igualdad de género, con el compromiso de potenciar el Instituto Canario de Igualdad, algo que sí ha hecho el Gobierno en estos tres años y medio de legislatura.
Economía y cambio climático
El cuarto eje, destinado a favorecer la creación de empleo y el crecimiento económico, es otro de los más extensos, pero no incluye tantas medidas concretas. Habla de un plan canario de empleo que sí se ha puesto en marcha o de un aumento de la inversión para la renovación de infraestructuras en áreas turísticas. También de la posibilidad de estudiar la implantación de una tasa turística. Ese estudio se ha hecho, pero en el pacto y no desde el Gobierno. Ahora mismo solo Podemos defiende la medida. Tampoco se ha elaborado la ley de vivienda vacacional. El Gobierno sí cumplió con la revisión del proyecto del muelle de Agaete, que descartó, y con el compromiso de incluir la asignación del FDCAN, aunque en el primer presupuesto redujo la cantidad de dinero asignada a ese fondo.
El quinto eje es para el desarrollo sostenible y lucha contra el cambio climático. La ley de cambio climático está cerca de aprobarse en el Parlamento, pero aún no se ha votado. Sí está vigente el Plan Integral de Residuos, y la expansión de las energías renovables y el autoconsumo ha sido notable durante los últimos años. No ha habido un pacto por el territorio, pero sí se modificó la ley del suelo.
Regeneración, fiscalidad y relaciones con Madrid
El sexto eje habla de defender la regeneración política y la modernización de las administraciones públicas. El Pacto de las Flores se comprometió a desarrollar la ley de transparencia, y casi al final de la legislatura se puede decir que la transparencia activa del Gobierno ha mejorado. En cambio, no ha aprobado las normas de buen gobierno. Tampoco ha convocado de manera regular a la Conferencia de Presidentes de los Cabildos Insulares ni ha impulsado la comisión parlamentaria para estudiar la mejora y modernización de la administración pública canaria.
El séptimo eje es el de la necesidad de una política fiscal justa y suficiente. Si la pandemia ha afectado a las medidas sanitarias, también a las fiscales. El Gobierno no preveía el golpe del COVID-19 (y la erupción en La Palma) y lo que eso iba a suponer en materia de impuestos. No se ha desarrollado la imposición medioambiental, vinculada a la ley del cambio climático aún pendiente de aprobarse.
Por último, el octavo eje hace referencia a la agenda Canarias-Estado. Y ahí hay varios asuntos que han estado estancados o directamente se han descartado. El contexto económico ha provocado la suspensión de las reglas fiscales en los últimos ejercicios. En el caso del marco financiero comunitario 2021-2027, la Comisión Europea acaba de aprobar este mes la propuesta española para los fondos estructurales y de cohesión, por lo que su despliegue va con retraso. Tampoco se ha tocado el sistema de financiación autonómica. Lo que sí se ha solucionado es el convenio de carreteras, desbloqueado en 2022 y por el que Canarias recibirá 1.000 millones de euros.