El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha advertido este jueves de que el Gobierno tiene medios para el control de las fronteras que no está utilizando y, entre ellos, ha apuntado el uso de las Fuerzas Armadas para impedir la llegada de inmigrantes ilegales.
"Pedimos al Gobierno de España que haga su trabajo y que frene de una vez esa llegada masiva de inmigrantes a nuestras fronteras de manera ilegal y a través de mafias que están poniendo en peligro la vida de esas personas", ha reclamado Tellado en una entrevista en Antena 3. Ha incidido en que la defensa de las fronteras compete al Gobierno y ha subrayado que "tiene medios" para su control que "no está utilizando".
Impedir la salida
Así, ha dicho que puede disponer de las Fuerzas Armadas para defender las fronteras y "desplegar una serie de embarcaciones" que impidan la salida de cayucos de los países de origen y que lleguen a las costas españolas.
Como ya hizo este miércoles el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha señalado también la necesidad de implicar a la Unión Europea en la protección de la frontera sur dada la "incompetencia manifiesta" y la "dejación de funciones" del Gobierno de Pedro Sánchez y su Ministerio de Asuntos Exteriores.
Acuerdo para aliviar la situación
También ha instado al Ejecutivo a procurar un acuerdo entre todas las comunidades autónomas en la conferencia sectorial del próximo día 10 para "aliviar la situación que vive Canarias y atender como se merecen los menores: de forma humanitaria y con sensibilidad".
En este sentido, ha criticado la enmienda de Junts que exige dejar a Cataluña fuera del reparto. "Es un disparate que rompe la solidaridad interterritorial que contempla nuestra Constitución", ha denunciado Tellado.
Postura indefendible
En su opinión, "esa postura no es defendible ni en términos políticos ni jurídicos y, desde luego, tampoco en términos humanitarios".
"Todas las comunidades deben ser solidarias y ayudar a Canarias en un problema que sufre en primera persona", ha recalcado.
Además de Junts, Vox, socio de gobierno del PP en cinco Comunidades Autónomas, también ha rechazado la reforma de la ley para obligar al reparto.