El PP de Canarias insistirá en pedir explicaciones al Gobierno regional por el llamado caso Mascarillas, por el que el Servicio Canario de la Salud (SCS) pagó 4 millones de euros por adelantado a la empresa RR7, del empresario Rayco González, para la adquisición de un millón de mascarillas que nunca llegaron a ser entregadas. El Partido Popular solicitará la comparecencia del consejero Julio Pérez, máximo responsable de Sanidad cuando se cometieron las presuntas irregularidades en la adquisición de material sanitario y le preguntará si conoce los motivos por los cuales tres auditores rechazaron el proyecto de informe de los técnicos de la Audiencia de Cuentas en el que se denunciaba el anómalo proceder del Ejecutivo autonómico, ha informado este sábado el PP en un comunicado.
"Este documento constata numerosas anomalías, como el superar el límite de gasto o invertir hasta 14 millones en material sanitario sin rendir cuentas a nadie", ha señalado Ester, para quién "por mucho que se empeñe el presidente Ángel Víctor Torres en esconder este asunto lo cierto es que todavía hay muchas preguntas en el aire y los canarios tenemos el derecho a conocer toda la verdad".
Nuevas plazas sociosanitarias
En la sesión de control al Gobierno, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Manuel Domínguez, preguntará a Torres por las causas del fracaso del plan de creación de nuevas plazas sociosanitarias en Canarias mientras que la diputada, Lorena Hernández, se interesará por la previsión para la recepción de los 30 millones del plan de empleo extraordinario por la erupción volcánica de La Palma.
Por su parte, los diputados populares, Miguel Ángel Ponce y Astrid Pérez, cuestionarán a los responsables de Sanidad y Vivienda, respectivamente, por la situación en la que se encuentra la Oferta de Empleo Público (OPE) 2022 extraordinaria de Sanidad y por el estado de tramitación de las viviendas públicas de Los Geranios, en Arrecife.
Dentro del bloque de las Proposiciones No de Ley (PNL), el diputado Carlos Ester pedirá el respaldo de la Cámara para que el Gobierno canario reduzca del 7 al 3 % el Impuesto Indirecto General Canario (IGIC) a los servicios de la actividad física y deportiva con el objetivo de facilitar el acceso y la continuidad a una actividad con grandes beneficios para la ciudadanía. Por último, Australia Navarro solicitará el apoyo de la Cámara para que el Gobierno de Canarias inste al Gobierno de España a la inmediata revisión, por la vía de urgencia, de la conocida como ley del sí es sí, para que quienes cometan delitos sexuales puedan tener, cuanto antes, las mismas penas que estaban en vigor hasta septiembre de 2022, y que se han visto rebajadas con la actual regulación.