El Grupo del PP en el Cabildo de Fuerteventura ha presentado un recurso de reposición potestativo contra todos los acuerdos del Consejo de Gobierno celebrados sin, dicen, “el quórum establecido en el artículo 42 del Reglamento Orgánico del Cabildo de Fuerteventura”. “Todos los acuerdos tomados desde el 31 de diciembre podrían ser nulos de pleno derecho y lo que pretendemos es evitar futuras indemnizaciones que pagaremos todos los majoreros”, concluye Jessica de León, portavoz de los populares en la isla majorera.
El Pleno del Cabildo de Fuerteventura ha sacado adelante este viernes la moción presentada conjuntamente por PP y CC en la que se exige al presidente Sergio Lloret, que solicite a la Secretaría General Técnica de la institución un informe sobre el quórum necesario para la válida adopción de acuerdos en el seno del Consejo de Gobierno insular.
En la votación, se posicionaron a favor PP y CC. El resto de la oposición decidió abstenerse. “Este es un procedimiento que no tendríamos que estar solicitando desde la oposición, ya que es el presidente el que tendría que haber solicitado este informe hace un mes, tal y como le pidió la Asesoría Jurídica en su informe del 27 de diciembre”, apunta el portavoz del Grupo popular, Claudio Gutiérrez.
Trabajadores del Cabildo
El Partido Popular, además, muestra su preocupación por la deriva de la Presidencia de la institución insular. “Observamos con tristeza cómo el ordeno y mando se ha convertido en lema del presidente Lloret, cuyos comportamientos son más propios de otros sistemas diferentes al democrático”, explica la consejera y candidata del PP al Cabildo de Fuerteventura, Jessica de León. Sin embargo, en vez de asumir sus responsabilidades y despejar la duda sobre el número mínimo del quórum, el presidente prefiere atrincherarse. “Pero Lloret se equivoca porque no va a encontrar al Partido Popular en ese terreno de fango al que pretende llevar a los partidos políticos y a los funcionarios de la casa”.
El PP ha mostrado su apoyo a toda la plantilla de trabajadores del Cabildo de Fuerteventura que se ven abocados a una situación de inseguridad jurídica y, en ocasiones, a defenderse con escritos de las afirmaciones emitidas tanto por el presidente, en reuniones o en medios de comunicación, como por parte de su personal eventual.