La Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias asumirá a partir de ahora las competencias en materia de evaluación ambiental, respondiendo así a la solicitud realizada por los ayuntamientos de Arico, en Tenerife, y Tejeda, en Gran Canaria, según acordó este lunes el Consejo de Gobierno en sendos decretos.
Se trata de una opción contemplada en la Ley del Suelo y de los Espacios Protegidos de Canarias, a la que pueden acogerse de manera temporal aquellos municipios que no dispongan de recursos personales y materiales para la constitución de un órgano ambiental propio.
29 municipios
El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda, recordó que ya son 29 los municipios que se han acogido a esta medida, y reiteró la “plena disposición” de su departamento para actuar como principal aliado de ayuntamientos y cabildos en la ordenación del territorio.
“La cooperación entre administraciones resulta imprescindible para conseguir desbloquear la gestión del planeamiento en las Islas, tan necesaria y urgente para avanzar en el desarrollo económico, la creación de empleo, la construcción de viviendas y la garantizar unas infraestructuras y servicios públicos de calidad”, afirmó Miranda.
Competencias
En el caso de Tejeda, la Consejería asume a través de la Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental la competencia para la evaluación ambiental estratégica de los instrumentos de ordenación urbanística de competencia municipal, de la ordenación pormenorizada del planeamiento general del municipio y de las modificaciones menores de esta ordenación. No comprende la competencia de evaluación ambiental de la ordenación urbanística estructural del Plan General de Ordenación, ni de la modificación sustancial del mismo, puesto que esa competencia ya es autonómica por la Ley del Suelo.
El acuerdo aprobado esta mañana recoge así mismo una determinación similar para el Ayuntamiento de Arico, con la delegación en la Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental de la competencia para la evaluación ambiental estratégica de los instrumentos de ordenación urbanística municipales, así como de evaluación de impacto ambiental de proyectos que deba tramitar y autorizar el Ayuntamiento.
Acabar con la situación
“No podemos quedarnos de brazos cruzados”, ha añadido Miranda, “mientras otras administraciones tienen problemas para impulsar sus planeamientos por falta de medios y personal especializado, este Gobierno quiere dar un paso al frente y terminar con esta situación”.
El consejero recordó también que su departamento ha decidido impulsar la oficina de apoyo técnico a los municipios y ha recuperado las subvenciones para el desarrollo de planes generales, por importe superior a los dos millones de euros, “que llevaban dos años sin convocarse”.