El equipo de la Policía que investiga el caso Mediador ha pedido registrar "sin restricciones" el despacho que utilizaba en el Congreso Juan Bernardo Fuentes Curbelo mientras fue diputado por el PSOE e intervenir todos sus equipos informáticos y dispositivos de almacenamiento.
En un informe enviado a la juez de Santa Cruz de Tenerife que instruye la causa fechado el martes, 28 de febrero, al que ha tenido acceso Efe, el fiscal Anticorrupción de la provincia alega que no puede pronunciarse sobre esa petición, porque la Constitución consagra la sede del Congreso como "inviolable", recuerda.
Dimisión
Por ello, propone dirigirse al propio Congreso para que sea la Cámara la que autorice a la Unidad de Delitos Tecnológicos de la Policía a registrar el despacho utilizado Fuentes Curbelo hasta el pasado 14 de febrero, cuando el PSOE forzó su dimisión al conocer que estaba investigado en una trama de presunta corrupción, en la que ya había sido detenido su sobrino, Taishet Fuentes.
El fiscal propone que participe en el registro también la Comisaría de Policía Nacional del Congreso "para la entrega e intervención de los terminales informáticos o aparatos de almacenamiento de datos e información, documentos o cualesquiera otros efectos que pertenezcan al investigado Juan Bernardo Fuentes Curbelo".
En libertad con cargos
El exdiputado socialista fue detenido pasado el 20 de febrero, seis días después de que la juez ordenase el arresto de los otros once implicados, una vez que tuvo confirmación de que ya no era miembro del Congreso (contra un diputado en Cortes Generales solo puede proceder penalmente el Tribunal Supremo).
Compareció ante la magistrada el día 22 y salió en libertad con cargos de cohecho, tráfico de influencias y pertenencia a grupo criminal organizado, porque la única acusación personada hasta ese momento, la Fiscalía, no pidió ninguna medida cautelar contra él.
Reuniones en el Congreso
A lo largo del sumario, hay varias pruebas de que Fuentes Curbelo recibía en el grupo parlamentario socialista a empresarios que presuntamente solicitaban la influencia de la trama para obtener contratos o subvenciones públicas, o para liberarse de sanciones.