El consejero canario de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha definido este viernes la excesiva temporalidad en el empleo público como "un problema jurídicamente complejo" y "humanamente hiriente y lacerante" para quienes lo padecen.
Durante la inauguración de la jornada ‘El empleo en el sector público: el gran reto para las administraciones’, Pérez ha dicho también que, por su propia naturaleza, el exceso de temporalidad afecta al funcionamiento ordinario de las administraciones públicas y que su resolución es prioritaria para el Gobierno canario.
Ha ahondado en que este fenómeno es común entre todas las administraciones públicas españolas, al que hay que buscar "una solución excepcional" entre todas las partes para garantizar que el resultado sea "jurídicamente estable", informa el Gobierno de Canarias en un comunicado.
Generar estabilidad
A lo largo de su intervención, el consejero ha recalcado la importancia de contar con "administraciones públicas potentes" ante las vicisitudes socioeconómicas de los últimos años.
La sociedad, ha subrayado Julio Pérez, demanda "buenas administraciones, eficientes y bien organizadas, equipadas y motivadas", y, para ello, ha añadido, "es necesario generar estabilidad y resolver el exceso de temporalidad en el empleo público".
A su juicio, sin solucionar este problema "es muy difícil" enfrentarse a otros retos como la digitalización intensiva y excesiva, la regulación del teletrabajo, el establecimiento de una dirección por objetivos, la conciliación de la vida familiar y laboral, mejorar el sistema de movilidad de los empleados y empleadas públicas, su sistema retributivo o su carrera profesional.
Reducción de la temporalidad
Pérez ha recalcado que en 2021 se generó "un camino de solución" con la aprobación de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de Medidas Urgentes para la Reducción de la Temporalidad en el Empleo Público, que remite su ejecución a las comunidades autónomas, genera espacios de negociación y contiene reglas y preceptos que están sujetos a interpretación y que deben ser consensuados.
Por ello, ha demandado "diálogo y concordia" a todas las partes implicadas, así como esfuerzo en el perfeccionamiento jurídico que permita una solución "jurídicamente estable" al exceso de temporalidad, "una anomalía", ha insistido, "que no debería haberse producido".